Autoridades no sistematizan información a partir de la etnia, orientación sexual o la identidad de género de las víctimas cuando se trata de masacres. Los datos se siguen centrando en si era hombre o mujer, principalmente. Entre 2016 y 2022 fueron asesinados de forma individual 434 indígenas, 196 de ellos en el Cauca.
Por: Vorágine
En 2022 en Colombia se cometió una masacre cada tres días, según datos del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz: la cifra es de 94 matanzas en todo el año. En total, estos hechos violentos dejaron 300 víctimas en hechos ocurridos principalmente en el Valle del Cauca, Chocó, Casanare, Arauca, Magdalena, Nariño, Cauca, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y La Guajira. En 2021 se registraron 96 masacres con 338 víctimas mortales.
Para Indepaz, tomando como referentes a la Defensoría del Pueblo y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), una masacre se configura cuando tres personas o más son asesinadas bajo “las mismas circunstancias y en estado de indefensión, sin importar la calidad de la víctima”, contrario a lo que define el Ministerio de Defensa en el ‘Libro Blanco’, según el cual una masacre se configura a partir de cuatro personas muertas y cuando entre las víctimas no hay personas que pertenezcan a grupos armados al margen de la ley o a la Fuerza Pública.
Pero, más allá de esa diferencia semántica, que genera una enorme diferencia en los números de las masacres en general, ¿cómo están las autoridades y organizaciones civiles registrando información en bases de datos de los casos que ocurren en el país?, ¿hay una diferenciación de las víctimas más allá de la edad y el sexo?, ¿se puede establecer fácilmente si una víctima pertenecía a un resguardo indígena, un consejo comunitario afro o si era de la comunidad Lgtbiq+, por ejemplo? La respuesta parece no estar clara.
En Vorágine decidimos indagar en bases de datos que registran casos de masacres en el país y también consultar distintas fuentes sobre el tema. Encontramos, por ejemplo, que la información con un enfoque diferencial sobre las víctimas sigue siendo ambigua cuando de masacres se trata, tanto en las instituciones oficiales como en organizaciones sin ánimo de lucro que estudian el conflicto armado y la violencia urbana en el país contra distintas poblaciones.
Una de esas instituciones es Medicina Legal, entidad que a través del Observatorio de Violencia registra estadísticas sobre homicidios ocurridos en todo el país y lesiones no fatales. También recopila datos relacionados con los reportes de personas desaparecidas en Colombia y en el extranjero.
En consultas hechas por Vorágine con funcionarios de la entidad, así como en una revisión de bases de datos abiertas del mismo instituto, se pudo identificar que Medicina Legal sí tiene un enfoque diferencial al momento de sistematizar información estadística relacionada con homicidios, pero de forma general y no en la categoría de masacres, según se puede observar en las bases de datos públicas consultadas.
Por ejemplo: el año pasado, según datos preliminares del instituto, en Colombia fueron asesinadas 13.341 personas, de las cuales en 623 casos (en 580 murieron hombres) la entidad registró que las víctimas pertenecían a grupos étnicos. El mismo criterio fue utilizado para registrar las 39 personas Lgtbiq+ y 221 indígenas que murieron en hechos violentos. Esta última información está clasificada a través de una variable estadística consignada en los informes y que la entidad ha denominado “ancestro racial”, que incluye también el dato de 1.139 casos donde las víctimas eran afrodescendientes.
Medicina Legal, a través de un derecho de petición, le confirmó a este medio que efectivamente el Instituto no cuenta con una variable pública diferencial que registre las masacres y también las distintas características de las víctimas de estas en el país. Sin embargo, la entidad aseguró que en su sistema de información interno sí “se señalan los presuntos homicidios masivos” a partir de tres casos y cuando los hechos hayan sucedido en la misma fecha y en el mismo municipio, además de tener la misma noticia criminal (código único que cada homicidio tiene en la investigación judicial).
Llevar estadísticas precisas de las víctimas de masacres es complejo, así lo reconoce Dahiam Coime Cabezas, quien hace parte de la red Proceso de Comunidades Negras (PCN) que trabaja por el fortalecimiento de identidades culturales afrocolombianas desde 1993.
El obstáculo radica en que autoridades como la Fiscalía y la Policía Nacional no hacen el trabajo de recabar la información de una masacre, por ejemplo, con un enfoque diferencial desde un primer momento. “No hay un enfoque étnico para que se puedan diferenciar las cifras y conocer en realidad cuántas personas son, cuántas familias negras hay afectadas, en qué actos están siendo violentadas y vulneradas, esto lleva a que no haya un banco de datos o que simplemente la información no sea verídica y sí confusa o sencillamente ocultada, como en algunos casos ha sucedido”, agrega la mujer.
De momento, cuenta, siguen insistiendo a las autoridades para que tengan procesos con enfoque étnico y diferencial, pues para la organización a la que ella pertenece el racismo en Colombia es estructural, incluso en la sistematización de hechos violentos al no abordar a las víctimas desde su pertenencia a pueblos negros de Colombia, territorios que son azotados por la ocurrencia de masacres y otras afectaciones en el marco del conflicto armado colombiano, como por ejemplo el Medio San Juan, Chocó; Tumaco, Nariño; Buenaventura, Valle, y el Cauca.
Una situación similar describe Sebastián Hurtado, abogado de incidencias en Derechos Humanos de los pueblos indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic. Él explica que para ellos resulta difícil recoger información de indígenas víctimas de masacres, pues solo tienen datos desde 2016, y estos corresponden a la categoría “homicidios” en general, no puntualmente a episodios que se puedan calificar como masacres.
Según Hurtado, actualmente los datos de homicidios son sistematizados a partir de variables como la identificación de la víctima, posible victimario, lugar, fecha y edad, pero no tienen en cuenta si la persona asesinada pertenecía, por ejemplo, a uno de los 115 pueblos nativos que hay en los 32 departamentos del país.
“La verdad es que el impacto del hecho victimizante es especial para pueblos indígenas. Por ejemplo: un homicidio de un sabio indígena, un mayor autoridad o médico tradicional puede tener tanto impacto como una masacre, sobre todo si se trata de un pueblo en riesgo de exterminio físico y cultural. Entonces, hay que analizar caso a caso. Cada afectación, aunque sea individual, puede tener efectos amplios por el carácter comunitario de los pueblos. La expresión masacre tiene otras reacciones, sobre todo desde la visión no indígena, comenta el integrante de la Onic.
Los datos que tiene la organización indican que entre 2016 y 2022 un total de 434 indígenas fueron asesinados en sus territorios ancestrales, siendo el departamento del Cauca, con 196 homicidios, la zona con más afectaciones a las comunidades Nasa, Kokonuko y Totoró, territorios donde cada dos días las balas le quitaron un ser querido a las familias de la región. Los siguientes departamentos más afectados son Nariño, con 94 nativos asesinados en los últimos cinco años, y Chocó, que cuenta con 30 crímenes de integrantes de las comunidades Embera Chamí, Embera Katío, Embera Eyabida, Embera Dobida y Wounaan.
Estas cifras son igual de alarmantes que otras registradas por la Onic durante 2022: 433.580 indígenas fueron víctimas de confinamiento en sus territorios ancestrales, producto de la presencia de grupos armados ilegales y enfrentamientos con la Fuerza Pública. 8.183 habitantes fueron desplazados de sus viviendas. 7.711 sufrieron hostigamientos de los violentos. Todas estas agresiones a las comunidades indígenas están consignadas en el informe de la Onic sobre vulneraciones a los DD.HH. en 2022, el año más violento para los indígenas desde 2016, cuando la Onic comenzó a documentar los casos a través del Observatorio de Derechos Humanos.
Algunos datos de contexto nos muestran que en Colombia, hasta hace cuatro años, había 1.905.617 indígenas, que representaban el 4,4 % de la población nacional, según datos del Censo de Población y Vivienda del Dane de 2018. La mayor concentración de comunidades nativas está en La Guajira (20 %), Cauca (16 %), Nariño (10,8 %) y Córdoba (10,6%). El 19 % de las personas víctimas del conflicto armado son indígenas.
Es relevante mencionar que la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad responsable de investigar y acusar a los responsables de delitos, no tiene discriminadas las estadísticas con un enfoque diferencial de acuerdo a información recabada sobre cada una de las víctimas de masacres en Colombia, tal como lo muestra una matriz a la que accedió Vorágine y que recoge hechos de este tipo cometidos en distintas regiones del país desde 2010.
El ente acusador se ha limitado a sistematizar la información de las víctimas de masacres en el país a partir del grupo etario al que pertenecían y ni siquiera a partir de la edad precisa del ciudadano o ciudadana asesinada, como lo evidencia la matriz entregada a Vorágine. Las otras variables usadas tienen que ver con año y fecha de los hechos; estado del proceso; seccional de la Fiscalía que tiene el caso y el municipio y departamento donde ocurrió cada suceso.
Por su parte, Indepaz, desde el Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz, recoge las estadísticas a partir del análisis de diversas fuentes, incluyendo el monitoreo de medios, que luego llevan a la sistematización de la información en cuatro variables principales, que están en tablas públicas en su página web: fecha, número de víctimas, departamento y municipio.
“Hay instituciones a las que no les conviene que las masacres sean información de público conocimiento”
¿Por qué es tan difícil que en Colombia existan estadísticas de las víctimas de las masacres con enfoques diferenciales? Un primer acercamiento a la resolución de esa pregunta la tiene Estanislao Escalante, abogado, doctorando en derecho e investigador en ciencias sociales, pedagogía y criminología.
Para este profesor, que hace parte del Centro de Pensamiento Penal “Luis Carlos Pérez” de la Universidad Nacional de Colombia, en el país no existe una política clara de gestión de información con relación a los delitos y, por el contrario, sí hay diversas variables que hacen más complejo el problema. El docente dice que como las masacres suelen ser “realizadas” por grupos que ejercen poder, bien sea armado, político o económico, entre otros, muchas veces estas matanzas “se ocultan o se silencian”, como también sus víctimas al no quedar registradas con sus identidad de género, la etnia y otras variables diferenciales.
“Además, creo que, a pesar de los avances tecnológicos, no se ha logrado consolidar un sistema interinstitucional que dé cuenta de las denuncias y tenga la capacidad de mostrar datos consolidados o discriminados conforme a variables adecuadas en las que no se presente doble denuncia, denuncias incompletas o calificación diversa de los hechos, lo que lleva al tercer problema: que tampoco hay un marco conceptual unificado que permita clasificar los delitos de la misma manera por parte de los diversos actores institucionales”, asegura el abogado, que también es magíster en Derecho y especialista en Instituciones Jurídico Penales de la Universidad Nacional de Colombia.
Para el jurista, existen diferentes tipos de masacres en el país, según si su objetivo es económico, social o político. En el caso social, por ejemplo, los perpetradores de la masacre buscan que cierto grupo poblacional sea eliminado por su condición de marginalidad, y los hechos suelen estar marcados por actos de intolerancia de parte del agresor hacia las víctimas; este sería el caso de las masacres ocurridas dentro de territorios afro e indígenas en el país, por ejemplo.
“A la Fiscalía le insistimos en que se tenga en cuenta la orientación sexual”
Wilson Castañeda es el director de Caribe Afirmativo, una organización civil que lucha y reivindica los derechos de la población Lgtbiq+ en el país y, especialmente, en la Costa Caribe colombiana. Desde esta organización, dice, le han insistido a la Fiscalía para que en las investigaciones tengan en cuenta la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de las víctimas de todo hecho violento en el país, incluyendo las masacres.
“En algunas masacres las víctimas han sido Lgtbi, como en el caso más reciente que fue la masacre de hace unos días en Barranquilla, donde fueron asesinadas cuatro personas y uno de los hombres era abiertamente gay. Por eso le hemos pedido a la Fiscalía que tenga en cuenta en las indagaciones, aparte de otras hipótesis, si su orientación sexual lo hizo más vulnerable o si hubo relación directa prejuiciosa para atentar contra él”, explica Castañeda.
El caso al que hace referencia es el del patrullero Reinaldo José Orozco Picalúa, quien llevaba dos años en la Policía Nacional cuando fue asesinado el pasado 29 de enero en un bar de Barranquilla, mientras se encontraba de permiso. Junto a él murieron Javier Andrés Guevara Correa, Ever José Lizama Melgarejo y Ronald José Zabala Sarmiento. El ataque fue cometido por cuatro hombres en dos motos.
“Nosotros tuvimos conocimiento a través de un grupo de trabajo que tenemos en Ciénaga, él era cienaguero. Él era abiertamente gay y por eso nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que si bien hay otras hipótesis, se debe tener en cuenta su condición sexual para indagar si esto tuvo relación alguna con los hechos. Aunque hemos identificado que no hay una relación entre las víctimas y los ataques violentos, si podemos dar constancia de que muchas de las masacres que ocurren en Colombia se llevan a cabo en territorios donde hay alta participación de la comunidad Lgbti, sobre todo de personas que se dedican al trabajo sexual, en situación de calle”, explica Wilson Castañeda, al recordar que en mayo de 2022, 10 hombres homosexuales fueron asesinados de manera sistemática en similares circunstancias y en la misma zona de la Comuna 10 de Medellín.
Caribe Afirmativo, hasta el momento, no ha registrado casos de matanzas donde exista una relación directa entre la orientación sexual de las víctimas y el hecho violento, pero sí casos individuales de feminicidios y homicidios, como los 138 registrados en 2022, un cifra muy alta si se tiene en cuenta que durante 2021 (tiempos de pandemia) el Observatorio de DD.HH. de esta organización registró 38 casos de homicidios y/o feminicidios de personas Lgbtiq+ en la región Caribe.
Tan solo entre 2017 y 2022 la Defensoría del Pueblo expidió 138 alertas tempranas relacionadas con los riesgos que distintas comunidades del país tuvieron por cuenta de la ejecución de homicidios selectivos y masacres, un mecanismo usado por violentos para infundir terror. Las poblaciones en mayor riesgo de ser víctimas de masacres en el país siguen siendo los defensores de derechos humanos, los líderes sociales y comunitarios, los niños, las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes.
En este momento puede estar ocurriendo una masacre en el país y lo más probable es que la información de las víctimas no será discriminada de acuerdo a su etnia, orientación o identidad sexual. Colombia es el país de las masacres y la nación de las instituciones que intentan prevenir hechos violentos a partir de advertencias que pocas veces son atendidas sino hasta que se comete una matanza.