Barbosa: mucho autobombo y poca gestión

“Con una inmensa responsabilidad asumo el cargo de fiscal general de la Nación. Lo asumo como un desafío, no solo por ser el fiscal general más joven de la historia del país sino por haber sido elegido por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia y ser el único fiscal general de la Nación que antes de ocupar esta honrosa dignidad ya había ejercido como fiscal especializado”. 

Con estas palabras inició su discurso de posesión Francisco Barbosa Delgado el 13 de febrero de 2020 en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño. Desde entonces, Barbosa ya se dejaba ver como un funcionario complacido con el autobombo. Cada gesto, cada palabra, era un tributo a la imagen del nuevo fiscal. Ese día el presidente Iván Duque destacó que el jurista llegó  al cargo tras ser fiscal especializado en Derechos Humanos y entregar aportes significativos a la docencia e investigación criminal. Hasta exaltó los dotes de escritor. Duque y Barbosa eran, además de presidente y fiscal general, los mejores amigos en sus épocas de estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

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En su posesión Barbosa dijo que su gestión iba a estar marcada por la lucha contra la corrupción y los delitos que afectan a los menores de edad. Prometió también que iba a fortalecer la investigación en los crímenes de líderes sociales y que “justicia” e “imparcialidad” iban a ser su principal virtud. Agregaba que su Fiscalía iba a ser más cercana a la ciudadanía de La Guajira, Vichada, Cauca, Vaupés, Putumayo, Chocó, Amazonas, entre otros. “Lugares como Catatumbo, sur de Bolívar o el sur del país serán visitados por el fiscal general”, decía para el momento.

Hoy, cuatro años después, los números de su Fiscalía en esas regiones son agridulces. Por ejemplo: la Seccional de Chocó reporta 608 casos de violencia sexual, de esos tan solo 223 tienen avances en el esclarecimiento de cada hecho, un 36,7 % del total de denuncias. El Cauca, por mencionar otra región, tiene 36,6 % y Putumayo un 32,2 %, casos distintos a La Guajira (44,5 % ), Vichada (39,6 %), Vaupés (39,2 % ) y Amazonas (38,2 % ). 

Los agarrones políticos con el presidente Gustavo Petro han marcado la agenda del último año de su gestión. A comienzos de enero Barbosa, en diálogo con Red + Noticias, comparó a Petro con Pablo Escobar:  “Si al país, hace 25 años, lo puso en jaque Pablo Escobar, hoy lo está poniendo en jaque Gustavo Petro”. El fiscal también ha dicho, en entrevista reciente con El Tiempo, que el jefe de Estado está creando una “cortina de humo” porque “se le salió completamente de control la seguridad del país y la gobernabilidad y ante esa circunstancia, arremete contra el fiscal general señalando que yo lo estoy persiguiendo, que la entidad lo está persiguiendo incluso a dos semanas de irme yo del cargo”, esto en respuesta a Petro que dijo que el fiscal en “su desespero se burla de la constitución y está ejerciendo una sedición”. 

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Los resultados de su gestión, bajo el lema “en la calle y en los territorios”, siguen dejando más dudas que certezas en territorios alejados a los que prometió llegar con justicia. En informes de gestión de la Fiscalía  se incluye un indicador interno llamado “tasa de gestión” que aplica para todas las seccionales de la entidad. En lo que tiene que ver con la priorización en 19 delitos relacionados con corrupción las tres regiones con más resultados, se lee, son Caldas (57,33 %), Risaralda (44,12 %) y Bogotá (43,88 %), mientras que departamentos como Cauca, Chocó, Sucre, Nariño, Magdalena y Norte de Santander son de las regionales con menos diligencia en la lucha contra la corrupción mientras Barbosa es fiscal general.

Datos de la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, muestran que en 2022 un total de 749.484 casos fueron archivados por la Fiscalía debido a que no fue posible por parte de los funcionarios judiciales encontrar o establecer la o las personas responsables del delito en cada hecho. Esto representó el 55,2 % de los casos archivados en el país. 

También se tiene que en 2022, por ejemplo, 5.691 personas quedaron libres por vencimiento de términos en el país, esto sucede en tres principales escenarios:  1. si transcurridos 60 días desde la imputación el fiscal o la fiscal de cada caso no ha presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión. 2. Si después de 120 días desde la presentación del escrito de acusación no se ha iniciado la audiencia de juicio. 3. Cuando transcurridos 150 días desde el inicio de la audiencia de juicio oral no se ha celebrado la audiencia de lectura de fallo.

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Como información adicional Luis Alejandro Perilla Morales, investigador de la CEJ, explica que resulta más preocupante que del total de procesos que llegan a juicio oral y se evacúan por acusación directa de la Fiscalía, más de la mitad terminan en una absolución. “Realmente no existe un sistema de acusación en el mundo en el que todos los procesos que lleguen a juicio oral terminen en una condena, pero que más de la mitad sean absoluciones son señal de un problema”, afirma el experto que agrega que esto no es nuevo ni propio de la gestión de Francisco Barbosa. 

Sin embargo, estadísticas del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y del Consejo  Superior de la Judicatura muestran que mientras en los años de Néstor Humberto Martínez (1 de agosto de 2016-15 de mayo de 2019) las absoluciones por parte de los jueces estaban entre el 49 % y el 57 %, en la gestión de Francisco Barbosa se movieron en 2020 con el 58 %; en 2021 con el 60 % y en 2022 con el 56 %. 

“Los expertos tienen distintos diagnósticos al respecto, algunos de los que se pueden escuchar son: -Apenas una cuarta parte de los fiscales está en carrera judicial, es decir, estos en su gran mayoría están en cargos provisionales lo cual tiene unas implicaciones en términos de estabilidad laboral: con frecuencia conoce uno procesos que cambian de fiscal durante su trámite debido a este fenómeno. -La planta de personal de la Fiscalía es insuficiente en términos del número de fiscales, lo que deriva en sobrecarga laboral y que, por ejemplo, un mismo fiscal tenga a cargo más de mil expedientes”, cuenta el experto en evaluación de políticas del sector justicia.

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Estadísticas del ente acusador muestran que a diciembre de 2022 la entidad tenía 4.707 fiscales en el territorio nacional, algo así como 9,1 funcionarios de estos por cada 100.000 habitantes. De ese número, de acuerdo con CEJ, apenas el 21 % de los fiscales tenía nombramiento en propiedad, mientras que el 79% restante estaba vinculado en provisionalidad. “Vemos que la tasa de fiscales por cada 100.000 habitantes se ha venido reduciendo en los últimos años y que, además, poco o nada se ha avanzado en la profundización de la carrera judicial”, explica el investigador de CEJ. 

Pese a todo lo anterior, en informes de gestión de la Fiscalía se lee que Francisco Barbosa llevó a que la entidad lograra “mayores tasas de esclarecimiento en los homicidios, delitos sexuales y otros relacionados con el patrimonio económico”. De 417 homicidios de defensores de DD. HH., reportados por Naciones Unidas a la entidad entre 2016 y 2022, la Fiscalía ha logrado, según ellos, un “avance de esclarecimiento” del 73,14 % de esos casos ocurridos entre 2016 y enero de 2021. De 357 casos notificados por la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía entre 2021 y 2022, de acuerdo con la entidad, se han esclarecido el 42,86 % de estos.

En estas mediciones de la Fiscalía hay una letra menuda que no se logra entender. Para ello hablamos con Leonardo González, director de Indepaz, quien dice que para el ente acusador “avances en el esclarecimiento” incluye casos donde tienen imputaciones o simplemente que las investigaciones van por buen camino. Aquí, dice, la impunidad es del 88 % de los casos.

“Si no hay sentencia no hay esclarecimiento. Y las condenas son de autores materiales y no de intelectuales ni mucho menos de determinadores. Normalmente no saben los móviles, las causas”, dice el experto al añadir que Colombia todavía tiene territorios, como en la costa pacífica nariñense, donde asesinan líderes en zonas que no tienen fiscales y son los mismos habitantes los que hacen los levantamientos de cadáveres e inhuman las personas por su cuenta.

Un fiscal sin modestia

La modestia no ha sido lo suyo, por lo menos así lo reflejó la estrategia de comunicaciones de la Fiscalía cuando en 2021 publicaron en la cuenta de X de esa entidad un mensaje con el enunciado “Personaje al alza: Francisco Barbosa, Fiscal General”, esto en el contexto de que la entidad iba a adelantar 12 nuevas imputaciones en el caso Odebrecht, entre los llamados estaban Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI; José Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos; y Carlos Alberto Acero, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Desde distintos sectores cuestionaron al fiscal y este contestó en su momento: “Mucha gente me ha criticado y me ha dicho: el fiscal general no baja la cabeza, el fiscal general tiene el ego muy alto, el fiscal general es una persona prepotente, si ser prepotente o tener ego muy alto es no agacharles la cabeza a ciertos sectores de este país, seguiré siendo prepotente y seguiré teniendo el ego muy alto en este país, le agacho la cabeza a mis funcionarios y con ellos trabajo, pero jamás le agacho la cabeza a ningún sector en este país y seguiré dándole resultados a Colombia”.

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En 2022 y 2023 el fiscal Barbosa fue mencionado en investigaciones periodísticas de la Revista Cambio. La primera de ellas estuvo a cargo de Yohir Akerman, quien en su columna de opinión escribió que los perros del Fiscal eran sacados a pasear por los escoltas y funcionarios de la entidad que manejan su carro oficial. La segunda publicación fue realizada por la periodista Silvia Charry que denunció que Barbosa, durante siete meses, usó a trabajadoras de servicios generales de la Fiscalía para hacer oficios domésticos en su casa, incluyendo un trasteo. 

Para el coordinador de la línea de convivencia y seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, Isaac Morales, el fiscal Francisco Barbosa pasa a la historia como “uno de los peores fiscales de la Nación que ha abusado del poder y ha definiendo ciertos intereses de amigos cercanos a la clase política. Fue compañero de pupitre de Duque y ya se sabe por dónde va la cosa”. Morales cree que Barbosa “no ha sido capaz de liderar procesos” como Odebrecht y más bien se “ha dedicado” a hacer oposición política al presidente y las políticas de paz total de Petro. 

Recuerda otro de los episodios del fiscal y es cuando en la pandemia por el Covid-19 Francisco Barbosa con su familia viajó a San Andrés en el avión de la entidad. Después del escándalo nacional el funcionario reconoció que viajó acompañado de su hija y una amiga de ella en el marco de una visita oficial del Fiscal y del Contralor General a la isla. “Si el objetivo es apedrearme públicamente por querer a mi hija, por ser padre de familia, por acompañarme, yo recibo las piedras con tranquilidad”, dijo en ese entonces Barbosa. 

Francisco Barbosa fue elegido en dos meses por la Corte Suprema, el mismo tribunal que desde septiembre de 2022 tiene las hojas de vida de las tres candidatas a reemplazarlo y todavía no toman una decisión. 

Como bien lo recuerda Rodrigo Uprimny en DeJusticía, la terna propuesta por Duque llegó a ese tribunal el 3 de diciembre de 2019 y ya el 29 de enero de 2020 había sido elegido por unanimidad Francisco Barbosa. Los otros ternados eran Camilo Gómez, excomisionado de paz de Pastrana y antigua fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramírez. A su lado estaba Clara González, la secretaria jurídica de Duque.

“La terna era entonces ‘’regularzona’: ninguno tenía experiencia en investigación penal ni conocía el funcionamiento de la Fiscalía, que son obviamente cualidades centrales para ser un buen fiscal general. Y más grave aún: la independencia e imparcialidad de los ternados podía ser cuestionada por su cercanía al presidente Duque o a otras fuerzas políticas de la coalición gubernamental”, recuerda el constitucionalista Uprimny. 

Desde septiembre del año pasado la Corte Suprema tiene la terna que presentó el presidente Gustavo Petro para reemplazar a Barbosa, una de las candidatas es Amelia Pérez Parra, abogada de la Universidad Libre con especialización en la Universidad Externado y estudios en criminología y derecho penal. Ha sido fiscal especializada contra el terrorismo y en Derechos Humanos. También ha sido fiscal designada ante los jueces en Bogotá. 

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Otra de las ternadas es Luz Adriana Camargo Garzón, abogada de la Universidad de la Sabana con una especialidad en derecho penal y criminología en la Universidad Libre. Ha llevado litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales. Ha sido fiscal auxiliar y también delegada ante la Corte Suprema. Por su parte, Ángela María Buitrago, la tercera candidata, es abogada en ejercicio desde 1989. Abogada de la Universidad Externado especialista y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Es doctora en derecho y en sociología jurídica. 

Aunque desde septiembre del año pasado la Corte Suprema tiene las hojas de vida de las candidatas, esta es la fecha en que todavía ninguna de las ternadas logra votación mayoritaria para ser elegida fiscal general de la Nación. Se espera que la próxima votación sea el 8 de febrero próximo. Si ese día no se da una elección,  la vicefiscal Marta Mancera asumirá el cargo temporalmente.

No obstante, la constante en la elección del fiscal general ha sido la demora y la interinidad del cargo, como bien lo recordó La Silla Vacía en un artículo publicado el pasado 29 de enero. En el informe se explica que la terna que se presentó con anticipación ha sido la de Petro. El medio dio a conocer que las otras cinco ternas de los gobiernos anteriores se presentaron, aproximadamente, un mes antes de salir el fiscal de turno. Para entonces los fiscales elegidos en cada periodo fueron Mario Iguarán, Viviane Morales (renunció por un fallo del Consejo de Estado), Eduardo Montealegre (dimitió por voluntad propia), Néstor Humberto Martínez (dimitió por voluntad propia) y Francisco Barbosa.