2 de junio de 2024
El 15 de diciembre de 2023 era la fecha en la que se supone ya tendría que haber energía eléctrica en las casas de 1.323 indígenas wayúu del municipio de Uribia en La Guajira. Allí nunca han visto encender un foco para iluminar la noche. Pero el día esperado pasó y a las veredas no llegaron los tan anhelados paneles solares que les cambiaría la vida a las familias beneficiadas.
A diciembre del año pasado, cuando se supone debían haber terminado el contrato, los equipos en la zona sólo pudieron tener acceso efectivo a 34 de 51 comunidades georreferenciadas como beneficiarias en una parte del proyecto. La razón: la cantidad de usuarios en terreno no coincidían con los registrados en las coordenadas de los diseños oficiales. A hoy se reportan movimientos de obra en una sola comunidad del corregimiento de Jojoncito, un remoto paraje de Uribia que queda a unas cuatro horas del casco urbano, según le contaron a VORÁGINE líderes wayúu. Algunos huecos en la tierra y los cimientos de lo que se supone serán unas centrales de energía compacta para sistemas solares fotovoltaicos es lo que se ve de avance.
Parte de la historia de este millonario contrato, que ha tenido dos prórrogas y dos adiciones presupuestales, comenzó el 7 de septiembre de 2023 cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro adjudicó la licitación. El proyecto prometía llevar energía solar a 935 familias wayúu de esta parte del país. El contrato tiene un valor de 43.154 millones de pesos y ya tiene 13 modificaciones y 169 días de retraso.
VORÁGINE revela pormenores del proceso licitatorio que terminó coincidiendo con el perfil de uno de los ganadores: HG Ingeniería y Construcciones S.A.S., una empresa de Cali que está representada legalmente por el ingeniero Hernán Alberto García Mahecha. Su firma ha sido mencionada en el escándalo de corrupción de Las Marionetas que llevó a la cárcel al exsenador fallecido Mario Castaño, algo que niega Luis Felipe García, director de HG, quien dijo a este medio que la Fiscalía les certificó que ni Hernán Alberto García ni la empresa tienen investigación en contra por ese caso judicial.
Para entender cómo se llegó hasta ese punto hay que remontarse al 15 de junio del 2023. Javier Campillo, entonces director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (Ipse), fue el encargado de explicarle al país los detalles de la licitación. En manos de esa entidad, que pertenece al Ministerio de Minas y Energía, estaban los pliegos y la adjudicación. No se trataba de un proyecto cualquiera. En juego estaba una deuda histórica del Estado para con La Guajira: en las rancherías seleccionadas por fin llegaría luz las 24 horas del día, los siete días de la semana.
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Campillo, hoy viceministro de Energía, dijo esa vez que el proyecto había sido dividido en cuatro zonas. Se escogió Uribia porque allí la cobertura de servicio de energía es inferior al 60 %. El plan contemplaba proveer de electricidad a 323 unidades de cuidado infantil y a varios colegios, además de los hogares de esas zonas de influencia. Las comunidades, a su vez, iban a tener proyectos productivos y sistemas de bombeo de agua, según dijo.
El contrato finalmente fue adjudicado a dos consorcios. El primero es la Unión Temporal Guajira Solar, de la que hace parte la ya mencionada HG Ingeniería. Esta firma caleña, a su vez, hizo equipo con Disico S.A. y Fulgor S.A.S. El otro es la Unión Temporal Suntel, conformada por las empresas Anditel S.A.S. y Suncolombia S.A.S. Los consorcios tuvieron la misión de ejecutar obras en dos zonas cada uno por algo más de 20.000 millones de pesos.
El reencauche de Las Marionetas
Es necesario remitirse a las personas que intervinieron en el proceso licitatorio de parte del Ipse para entender los entresijos del contrato. Uno de ellos es Juan Mauricio Montealegre, quien para la época de la estructuración de la licitación de los paneles era subdirector de Planificación de Soluciones Energéticas de esa entidad.
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Este funcionario aprobó un documento previo a la licitación denominado “Análisis del sector”, que es una especie de estudio que se suele hacer antes de sacar al público los pliegos. Se trata de un informe técnico que de alguna manera justifica la puesta en marcha del proyecto, además de ser un requisito ineludible. En uno de los apartes de dicho documento aparecía ya la empresa HG Ingeniería como una de las firmas que prestaba un servicio similar al que pretendían contratar.
Montealegre es relevante en toda esta historia. Su nombre ya había sido mencionado en el escándalo de corrupción de Las Marionetas por presuntas actuaciones suyas que se remontan a la época en la que trabajó para el Departamento de la Prosperidad Social (DPS). Allí laboró desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2022. En dicha entidad coincidió con otra funcionaria llamada Lisbeth Villa Carpio, quien también terminaría entrando al Ipse como subdirectora de Contratos y Seguimiento. Este último nombre también será importante en este episodio de los paneles solares. Montealegre y Villa Carpio se habían conocido desde antes cuando trabajaron en Findeter, entre 2014 y 2016.
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Vale la pena recordar que una parte del caso de Las Marionetas tiene que ver con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación en torno al direccionamiento de millonarios procesos de contratación entre el DPS y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta Quindío, un proceso que involucra en varios delitos a los exsenadores Mario Castaño y Ciro Ramírez. Fue justamente el exgerente de Proyecta, Pablo César Herrera, quien habló de Montealegre en el principio de oportunidad que negoció con el ente acusador, documento al que tuvo acceso VORÁGINE.
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Herrera suscribió una matriz de colaboración con el fin de ser testigo en contra de veinte personas, entre las que estaba Montealegre, que recordemos fue el mismo que aprobó uno de los documentos previos de la licitación de estos paneles solares. La Fiscalía asumió la tarea de contrastar la versión de Herrera y de iniciar las indagaciones.
El pasado 24 de enero, Caracol Radio publicó una nota en la que se referían al supuesto rol que habría cumplido Montealegre en el entramado de Las Marionetas. En un documento preliminar de la Fiscalía, citado por la emisora, se lee que el exfuncionario, según Herrera, rendía cuentas a Pierre García, director del DPS en el gobierno de Iván Duque y quien está siendo investigado por presuntos actos de corrupción. La defensa de García se basa en que todas las decisiones que él tomó fue con base en los insumos que le proporcionaban sus subalternos, entre los que estaba Montealegre.
De hecho, Montealegre hacía parte supuestamente del grupo de colaboradores más cercano de García, según el testimonio de Herrera. Así se lo dijo a la Fiscalía en un interrogatorio que reveló la W Radio, y en el que también habló de las coimas que le habrían entregado al exsenador Ciro Ramírez.
“Iniciamos a tener reuniones conjuntas en la ciudad de Bogotá, entre los señores Pierre García en su calidad de subdirector del DPS y su equipo de colabores cercanos Carlos Méndez, Juan Mauricio Montealegre, los mismos de siempre, y el senador Ciro Ramírez, en el piso sexto del edificio del DPS ubicado en la carrera séptima con calle 27, lo que se puede evidenciar con las entradas y registros del edificio en mención”.
VORÁGINE habló con Mauricio Marín Martínez, abogado de Montealegre, quien aseguró tajantemente que su representado nunca se reunió con Ciro Ramírez y que su rol siempre fue técnico, y nunca político. Asegura que en efecto Montealegre está siendo investigado y que ya rindió un interrogatorio. A diferencia de lo testificado por Pierre García, Marín dice que era él como cabeza del DPS quien daba las órdenes y no sus subalternos. Añade que en todo caso no eran instrucciones ilegales. “Eran órdenes normales en el desarrollo previo de un contrato interadministrativo”.
En enero pasado, el secretario de Transparencia del gobierno Petro, Andrés Idárraga, generó una alerta sobre Montealegre basado en las menciones que hicieron del exfuncionario del DPS en medios de comunicación. Dijo que lo hacía para evitar una afectación a las entidades en las que se encuentran vinculadas estas personas (refiriéndose a Montealegre y a dos individuos más) y que por eso envió cartas a distintas entidades y a la Fiscalía para que le informaran sobre el estado actual de las investigaciones sobre Las Marionetas.
Mira el episodio de CONTRACORRIENTE sobre este tema:
Las menciones a HG Ingeniería
Otra funcionaria que cumplió un papel relevante en la adjudicación de la licitación de los paneles solares es Lisbeth Villa Carpio, mencionada líneas atrás. La ingeniera civil trabajó en el Ipse hasta el 10 de enero de este año como subdirectora de Contratos y Seguimiento. Ella misma le dijo en diciembre pasado a personas de la entidad, a través de un chat, que la decisión de dejar el Ipse la había tomado desde hacía dos meses (octubre del año pasado), mes en el que fue nombrada como directora encargada en reemplazo de Javier Campillo, quien fue ascendido en ese momento a viceministro de Energía.
Como subdirectora de contratación, Villa Carpio fue la encargada, de parte del Ipse, de firmar todos los contratos con las uniones temporales que ganaron la licitación de los paneles solares. El 29 de septiembre de 2022, Javier Campillo se posesionó como director del Ipse. Un día después delegó a Villa Carpio como ordenadora del gasto para los temas de su competencia, aunque desde 2020 ya estaba autorizada en este tema en cuanto a la subvención de contratos. Antes de salir de la entidad, Villa Carpio alcanzó a dejar firmadas varias modificaciones al contrato de los paneles solares, esas mismas que justificaron las prórrogas y las adiciones presupuestales: el 23 de octubre, y los días 5, 12 y 14 de diciembre fueron las fechas en las que se refrendaron esos cambios o enmiendas.
Y aquí volvemos al tema de Las Marionetas. En mayo de 2021, es decir siete meses después de la llegada de Villa Carpio a la entidad, el Ipse anunció un convenio interadministrativo con la Empresa Distribuidora del Pacífico Dispac S.A. Con lo anterior se proponían proveer de energía eléctrica a 3.000 personas en el Chocó. Desde inicios de 2020, Villa Carpio ya había firmado con Dispac convenios para llevar energía a otras regiones del país. La pregunta es: ¿Quiénes estaban detrás de Dispac? La respuesta la encontró la Fiscalía cuando se propuso desentrañar el caso de Las Marionetas.
Para junio de 2020 esta empresa, que es 99 % pública, ya registraba en el Secop más de 40 contratos que sumaban 359.000 millones de pesos. El ente investigador conoció a través de interceptaciones realizadas a involucrados en el caso de Las Marionetas que el exsenador Mario Castaño era quien mandaba en Dispac, según lo investigó ampliamente en Caracol Radio el periodista Juan Pablo Barrientos.
Uno de los capturados por ese caso fue Heiner Sánchez Moreno. En una de las llamadas publicadas por Barrientos, el hombre mencionaba que Castaño era dueño de la mitad de esa empresa, refiriéndose a que era el padrino más importante. “Comenta que el 49 % de Dispac pertenece a Mario Castaño, a lo que Javier le indica que eso no se puede divulgar, que nunca lo presentan así, aunque sea dueño de Dispac”.
Pues bien, en el tiempo en que se dieron los convenios entre el Ipse y Dispac comenzó a aparecer en la contratación la empresa HG Ingeniería, la firma que luego se quedaría con parte del millonario contrato de los paneles solares. Como se dijo líneas atrás, esta es una empresa del Valle del Cauca representada por el señor Hernán Alberto García Mahecha. HG Ingeniería recibió millonarios contratos de Dispac en el tiempo en que el exsenador Mario Castaño influía en la mencionada empresa estatal, según lo reconstruyó Valeria Santos, desde su columna de Cambio. Ella hizo seguimientos a la contratación entre Dispac y HG Ingeniería.
Santos también advirtió de la supuesta amistad y relación cercana entre el representante legal de esa firma y el senador Carlos Abraham Jimenez, de Cambio Radical, también mencionado en el escándalo de Las Marionetas. Ambos son ingenieros electricistas de la Universidad del Valle.
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Ajustes a los pliegos
En los requisitos de contratación que fijó el Ipse para este proceso, que como se recordará fue adjudicado a las uniones temporales Suntel y Guajira Solar, donde está HG Ingeniería, hay unos ítems que coinciden plenamente con la experiencia acreditada por la empresa caleña. Incluso, hay unos requisitos en la formación profesional de los equipos que concuerdan milimétricamente.
Lo primero que hay que decir es que entre las condiciones de la millonaria licitación estaba que los oferentes debían tener experiencia en tres de seis servicios profesionales específicos en el sector de las energías renovables y que fueron definidos por la entidad, coincidiendo todos con los de HG Ingeniería y su socio Disico, dedicados a la distribución de energía eléctrica. Fulgor S.A., el tercer aliado, acreditó cinco de estos servicios profesionales.
Entre otros requisitos estaba que la persona responsable de la seguridad de los trabajadores en las obras debía ser técnico o profesional en seguridad, salud en el trabajo o salud ocupacional, además de acreditar dos cursos muy específicos, uno de 50 horas en sistemas de gestión y otro de coordinador de alturas, ítems que registra en su hoja de vida María Lineth Marmolejo Hernández, la persona delegada por HG para ocupar el cargo para el contrato de la Unión Temporal Guajira Solar con el Ipse.
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Además de eso, HG certificó que ella en la empresa tenía el cargo de “profesional en seguridad y salud en el trabajo”, como se pedía en el proceso de contratación junto con otras experiencias adicionales en contratos relacionados con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), como lo mencionaba el Ipse.
De otra parte, durante las observaciones al pliego de condiciones, la empresa Consener S.A.S., uno de los competidores de HG, cuestionó unos requisitos muy puntuales para elegir al director de proyectos, un cargo que hace parte de los equipos de trabajo en las obras. Ellos pedían que, para una mayor pluralidad en el concurso, el Ipse permitiera aceptar en este perfil también profesionales con especializaciones en administración de empresas.
La entidad terminó por no conceder las observaciones y se mantuvo en que debían ser ingenieros con posgrado en alguna de estas especialidades: gerencia de proyectos, gerencia de construcciones, gerencia de obra, gerencia integral de obra, energías renovables o sostenibilidad energética.
Aquí es importante mencionar que el dueño de HG Ingeniería, el ingeniero electricista Hernán Alberto García Mahecha, tiene posgrados que corresponden exactamente a los requisitos del pliego de condiciones: especialización de la Universidad Javeriana en gerencia de construcciones; máster en energías renovables en la Universidad de Barcelona; y magíster en gerencia de proyectos de la Universidad Icesi.
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Además de su perfil hay otra persona que concuerda con los requisitos para el cargo de director de proyectos. Se trata de Jhon Jairo Betancourt, ingeniero electricista de la Universidad del Valle con maestría en gerencia de proyectos en la Universidad Icesi, la misma que estudió García Mahecha. La empresa acreditó que él ocupa el cargo de “director de energía eléctrica y renovable”.
A la par de estos requisitos, Disico S.A. y Fulgor S.A.S (los socios comerciales de HG en el contrato con el Ipse) hicieron unas observaciones que fortalecieron al grupo contratista, pues estas dos empresas le pidieron que aceptaran candidatos que hubiesen tenido contratos previos con la entidad, observación que el Ipse les acogió para modificar así el pliego.
Disico y HG Ingeniería anteriormente ya habían contratado con la entidad. Esto se lo ratificó la empresa caleña a VORÁGINE al reportar que desde 2019 han sido contratistas en cuatro distintos proyectos con el Ipse. Además, el año pasado fueron llamados por esa entidad para hacer parte de un proyecto de cooperación internacional en el Chocó, como lo dieron a conocer en el 24 de febrero de 2023 con una imagen en la que aparecen Lisbeth Villa Carpio, Juan Mauricio Montealegre, Javier Campillo, personal de HG y otros.
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HG hizo 43 comentarios al pliego de condiciones en la primera etapa del proceso contractual. La empresa de Hernán Alberto García Mahecha sugirió que para el cargo de director de proyectos, en los equipos de obra, permitieran profesionales con experiencia laboral precisa como directores de obra, de proyectos o gerentes de proyectos. El Ipse aceptó las sugerencias que coincidían con el perfil de los equipos de HG.
Además, HG Ingeniería en el mismo sentido le dijo a la entidad que bajaran de tres a dos los contratos de experiencia laboral para las personas que pretendieran ocupar ese cargo, o que al menos dejaran validar trabajos en proyectos en construcción que tuvieran que ver con generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.
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Aunque en ese momento el Ipse no acogió la petición, en el pliego definitivo de la licitación quedó que toda persona que ocupara ese cargo debía certificar experiencia laboral en “máximo” tres contratos y que, al menos, uno de estos respondiera a actividades relacionadas con la construcción de sistemas de generación de energía limpias y sostenibles, dejando abierto lo planteado por HG Ingeniería.
Villa Carpio firmó modificaciones al contrato antes de su salida
Otra arista de la licitación tiene que ver con Lisbeth Villa Carpio, quien como subdirectora de Contratos y Seguimiento del Ipse aprobó cambios al contrato. Las modificaciones fueron firmadas por ella entre el 23 de octubre y 14 de diciembre del 2023, un día antes de vencer el plazo para la ejecución del contrato.
Los primeros ajustes iban dirigidos a reformular el valor del contrato y la forma de pago. Luego se aprobó una prórroga al contrato hasta el 15 de febrero del 2024 para terminar, plazo que no se cumplió, por lo que este año tuvo que ser extendida hasta el próximo 14 de julio junto con la aprobación de una adición de 128 millones de pesos.
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Las respuestas a las demoras en la ejecución de las obras están en los informes del contratista. En una reunión llevada a cabo el 29 de noviembre “se mencionaron situaciones problemáticas en las comunidades beneficiarias del proyecto” porque en los documentos de estructuración había unos puntos de supuestos beneficiarios de las soluciones energéticas que pertenecían a la comunidad Jaiguamana, pero en realidad eran del territorio conocido como Jasaluchón, lo que para entonces estaba generando conflicto entre vecinos”.
En abril pasado, de acuerdo con los reportes mensuales, el Ipse autorizó a HG Ingeniería y a otras empresas para que compraran algunos insumos y materiales para las obras por 170 millones de pesos y 259 millones de pesos. Además, la interventoría del contrato, a cargo de la empresa Secob S.A.S., envió un informe de la Subdirección de Planificación Energética del Ipse para aprobar el cambio de las especificaciones técnicas de los equipos y la cimentación a utilizar en el proyecto.
“Se presenta alerta por retraso significativo en el cronograma de actividades, debido a demoras en la compra de suministros y por la incertidumbre en los diseños de envolventes y cimentaciones, las cuales debieron ser revisados nuevamente”, se advierte en el documento firmado por Germán Hernández Mahecha, el supervisor del contrato delegado por el Ipse.
Las respuestas del viceministro de Energía
Frente al proceso de licitación de esa contratación, hoy con retrasos, se pronunció Javier Campillo, viceministro de Energía, quien estaba liderando el Ipse para cuando se adjudicó el proyecto de paneles solares en zona rural de Uribia. Defiende su gestión y dice que desde su cargo actuó apegado a la ley.
“La validación y aprobación de las condiciones de la estructuración de cada proceso en el Ipse, según los estatutos de ese momento, fue realizada por el comité de contratación del Ipse, conformado por el director de planeación, el director financiero, jefe de la oficina jurídica y Jefe de Control Interno”, relata por escrito el ingeniero electrónico.
A la pregunta sobre si era la primera vez que escuchaba hablar de HG Ingeniería, el viceministro de Energía dijo que solo supo de esa compañía cuando él llegó a la dirección del Ipse y solicitó información sobre los contratos en curso durante el empalme. “Descubrí que HG Ingeniería estaba en la base de datos de ejecutores de obras de algunas empresas públicas con las que el Ipse tenía contratos interadministrativos. Antes de esto, no conocía la empresa”, dijo.
Frente a cómo conoció a Juan Mauricio Montealegre, Campillo dijo que tras la renuncia de la subdirectora de estructuración del Ipse, a finales de 2022, él solicitó en otras entidades las hojas de vida de distintos candidatos a ocupar el cargo para evaluar sus perfiles.
“Me interesó Juan Mauricio Montealegre por su experiencia en proyectos de impacto social y desarrollo territorial. Propuse su candidatura al Ministerio de Minas y Energía, donde fue aprobada tras verificar que cumplía con los requisitos. Como Subdirector de Estructuración del IPSE, Montealegre coordinó la entrega de información técnica y de usuarios beneficiarios, utilizando la caracterización territorial para definir las características técnicas de las obras a construir”, afirmó el hoy viceministro de Energía.
“Conocí al ingeniero Juan Carlos Montealegre en Findeter”: Villa Carpio
En una respuesta por escrito, la ingeniera Lisbeth Villa Carpio, quien trabajó en el Ipse hasta el pasado 10 de enero, le dijo a VORÁGINE que en tres años y dos meses que estuvo en la entidad suscribió tres contratos en los que HG Ingeniería figuraba como integrante de uniones temporales. Las adjudicaciones, agregó, se dieron a través de dos licitaciones, una de ellas la contratación que se ejecuta actualmente en Uribia, La Guajira.
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De igual manera, Lisbeth Villa Carpio confirmó a este medio que conoció en Findeter a Juan Mauricio Montealegre, hoy cuestionado en el proceso de Las Marionetas. Compartieron en esa entidad entre junio del 2014 y febrero de 2016. “Él se desempeñaba como coordinador de proyectos en la gerencia de infraestructura y yo como coordinadora de proyectos en la gerencia de aguas y saneamiento básico”, agrega la exfuncionaria del Ipse.
Además de lo anterior dijo que conoció a HG Ingeniería en el primer semestre de 2022 durante los comités de seguimiento con contratistas como Dispac, Gensa, Emelce, Energuaviare y Electrovichada, pues entre 2021 y 2023 el Ipse sostuvo con estas empresas varios contratos interadministrativos.
HG Ingeniería se pronuncia
En conversación con VORÁGINE, Luis Felipe García Galeano, director de HG Ingeniería, aseguró que ni la empresa que lidera ni el representante legal se encuentran involucrados en ningún caso de corrupción, “incluido el polémico asunto de Las Marionetas”. Líneas más adelante dijo: “Es lamentable que ciertos medios, con información poco fidedigna, hayan difundido acusaciones infundadas que dañaron de forma irreversible nuestra reputación”.
García Galeano adjuntó dos cartas de la Fiscalía en las que les certifican que no hay investigaciones en curso a nombre de García Mahecha.
De otro lado, dijo que conocieron a Lisbeth Villa Carpio y a Juan Mauricio Montealegre cuando ella era supervisora de contratos en ejecución en el Ipse y él cumplía funciones de supervisar los contratos de estructuración. “En las mesas de trabajo se encontraban Lisbeth y el ingeniero, cada uno a cargo de sus respectivos contratos. Solo los conocimos cuando teníamos un contacto puntual con el Ipse o cualquier otra entidad con contratos derivados del Ipse”, dijo el directivo.
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Frente a los retrasos y demoras en la ejecución del contrato de Uribia dijo que se han dado por un replanteo de beneficiarios que se tuvo que hacer y por las características de las comunidades que viven unas muy distantes de otras. “Uno los visita hoy y mañana no están”, justifica García Galeano. En comunicación enviada por HG Ingeniería después de publicado este artículo, la empresa añadió sobre el tema: “Las actividades se encuentran en desarrollo, esto significa, que nos encontramos dentro del plazo de ejecución contractual, con las novedades que naturalmente pueden preverse respecto de los contratos de estas características”.
Ante la constante aparición de HG Ingeniería en contratación estatal en temas de energías renovables, Galeano aseguró que las “24 horas del día” están buscando oportunidades y que el público objetivo de HG “son todas las entidades que requieran una solución solar, como Energuaviare, que son operadores que han sacado proyectos a licitaciones públicas de soluciones fotovoltaicas. Una licitación no se define por la experiencia o el equipo de trabajo; uno de los factores que más peso tiene es la oferta económica. No ganamos 100 de 100, perdemos más de lo que ganamos”.
Aunque los informes mensuales del contrato muestran avances mínimos, él asegura que la ejecución va en un 50 % porque ya se completó el proceso de adquisición y ensamblaje de equipos en bodegas en La Guajira. Actualmente, el ensamble se está realizando directamente en el proyecto piloto Michikai, en Nortechón, una comunidad a diez minutos del casco urbano de Uribia.
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