Falsa fiscal estuvo nombrada por funcionaria señalada de nexos con “Don Mario”

Claudia Lozano Doria llegó a la Fiscalía el 4 de septiembre del 2000 como técnica judicial, cargo que ocupó en diversas sedes, una de ellas en Tierralta, Córdoba, desde donde posteriormente fue trasladada a Montería. Allí llegó con el aval de la exdirectora seccional Perla Dávila Martínez. Lozano Doria, usando una tarjeta profesional falsa, logró mantenerse en la entidad durante diez años. Hoy su nombre resuena porque fue condenada a 12 años y 9 meses de prisión por posesionarse con documentos falsos en Barranquilla, Cartagena, Montería y La Guajira. 

En archivos del proceso, a los que accedió VORÁGINE, están los detalles del paso de Lozano por la fiscalía y también las siete resoluciones por medio de las cuales Perla Dávila Martínez la nombró entre 2002 y 2005. Dávila fue destituida en 2008 luego de que su voz apareciera en unas interceptaciones telefónicas que la señalaban de tener nexos con el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”. 

Las llamadas de la fiscal que nombró a Claudia Lozano eran con el empresario Felipe Sierra, condenado a cinco años de prisión por sus vínculos con la estructura de “Don Mario”. A Dávila también la señalaron en 2005 de presentar un certificado falso que acreditaba su participación en un curso en el Sena. La funcionaria aspiraba al cargo de directora administrativa y financiera de la Fiscalía en Montería. 

Además, ella enfrentó una segunda acusación en ese mismo año relacionada con la apropiación indebida de materiales comprados por la Fiscalía y que supuestamente fueron utilizados por ella en la construcción de su residencia. La queja comprometía a Dávila Martínez con el traslado a su vivienda de cables, tejas y otros elementos de construcción con las referencias del material destinado a una de las sedes del ente acusador.

Con la ayuda de Dávila Martínez, Lozano después pasaría por diversos puestos dentro de la Fiscalía en la capital cordobesa, no sólo en Tierralta. En el expediente del caso obra que ella, para entonces, fue asistente fiscal y secretaria administrativa en despachos que llevaban casos contra el patrimonio económico. En 2005, valiéndose de una tarjeta profesional falsa, como consta en el proceso, fue asistente y fiscal delegada ante los jueces promiscuos municipales en Córdoba.

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Era tal la confianza que le tenían a Lozano que incluso entre el 4 y 11 de enero de 2006 fue encargada como fiscal cuarta delegada en Soledad, Atlántico, donde llegó a ser jefe de esa unidad sin que nadie, a simple vista, se percatara de su fraude. Su ascenso siguió y ese mismo año fue nombrada por encargo como fiscal delegada ante los jueces penales municipales y del circuito, así como también de despachos promiscuos, para asumir casos relacionados con homicidios, hurtos, extorsiones, entre otros. 

Luego fue fiscal 11 local de esa ciudad para atender casos comunes como lesiones personales, injurias o calumnias, por ejemplo. Después fue nombrada para ser delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Barranquilla. Allí Lozano asumió investigaciones más complejas que tenían que ver, en algunos casos, con narcotráfico, concierto para delinquir, terrorismo o tráfico armas. Todo transcurrió en 2006. 

Lozano presentó su falsa tarjeta profesional para seguir accediendo a mejores cargos, como se recoge en la investigación de la Fiscalía en su contra. En ese tiempo recibió capacitación en dos cursos formativos sobre derecho procesal, sistema penal acusatorio y técnicas de juicio oral, a ambos asistió en Bogotá y Santa Marta, todo bajo sus funciones en la Fiscalía. Estos datos están consignados en la hoja de vida que reposaba en  la entidad.

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El 16 de marzo de 2007, la entonces abogada  de “papel” fue nombrada en provisionalidad como fiscal delegada ante los jueces penales del circuito en Cartagena. Para tomar posesión del cargo, según documentos judiciales revisados por VORÁGINE, ella radicó cinco documentos falsos: el diploma de bachiller académico del Colegio Los Olivos; acta de grado de abogada del 29 de noviembre de 2001 como si hubiese sido expedida por la Universidad del Sinú; diploma de abogada del mismo centro universitario; supuesta copia autentica del diploma de especialista en derecho penal y criminalística; y la tarjeta profesional.

Ese encargo fue firmado por el entonces fiscal general de la Nación, Mario Iguarán. El 3 de abril de 2007, Lozano le envió una carta aceptando su nombramiento: “Me dirijo a usted para comunicarle mi aceptación al nombramiento del cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito”. 

La confianza y el avance de Lozano dentro de la Fiscalía llegaría a un peldaño mayor el 17 de marzo de 2008 cuando el mismo Iguarán, a través de una resolución, la nombró como directora seccional de fiscalías en Riohacha. Para tomar posesión del cargo, como se lee en las sentencias de primera y segunda instancia, Lozano volvió a presentar los mismos cinco documentos falsos, como ya lo había hecho en Cartagena. En el cargo en La Guajira ella estuvo hasta el 2 de febrero de 2010, cuando la declararon insubsistente en medio de las sospechas sobre su hoja de vida en la Fiscalía. 

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Algunos testigos le contaron  a la Fiscalía que por comentarios de la misma fiscal de “papel” se enteraron que ella, supuestamente, había adquirido ese título y tarjeta profesional a través de un abogado, lejos de hacerlo formalmente. Lozano se justificó diciendo que debió usar los servicios de un jurista para los trámites de sus credenciales porque simplemente no tenía tiempo y estaba en medio de un traslado a Tierralta, Córdoba, pero la realidad que encontraron los investigadores es que para entonces solo había terminado estudios universitarios y no se había graduado oficialmente.

Todas estas irregularidades  tienen hoy a Lozano Doria condenada en dos instancias por los delitos de uso de documento falso y fraude procesal. Durante varias de las 97 audiencias del caso, ella solicitó aplazar las diligencias por motivos de salud. El 27 de enero del 2022 manifestó ante la jueza que padecía de Covid-19 y cuestionó el proceso que se llevaba en su contra: “yo no soy una delincuente y usted me está tratando como de lo peor”, dijo.  Otras postergaciones en el caso fueron por razones personales o por enfermedades de sus abogados o cambios en la representación judicial. En algunos momentos adicionales los aplazamientos respondieron a otros motivos de las partes.

Ella misma, en entrevista con El Heraldo en abril de 2016, dijo que le pagó 400 mil pesos al abogado Juan Angulo Castellanos para que recibiera su diploma en la Universidad del Sinú y adelantara las diligencias de la tarjeta profesional porque ella no tenía tiempo para ello. “Este señor se robó la plata y me entregó unos documentos de otra persona, que tenían mi cédula y mi foto”, sostuvo. 

Angulo Castellanos era un abogado titulado de la Universidad Católica que trabajaba con funcionarios de la rama judicial y la Fiscalía en Montería, según Naime Florez Campo, fiscal especializada que fue presentada durante el proceso como testigo a favor de la hoy condenada. La funcionaria indicó que el abogado, ya fallecido, era un hombre de confianza de Lozano.

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“Me enteré de que Claudia acudió a Juan Angulo porque me lo contó ella misma, mencionando que necesitaba ayuda con sus documentos y tarjeta profesional. Claudia no estaba en condiciones físicas ni mentales para llevar a cabo estas diligencias debido a la violencia que sufría por parte de su exmarido”, testificó Florez en las diligencias judiciales que fueron conocidas por VORÁGINE.

Florez ingresó en el 2000 a la Fiscalía como asistente judicial en Montería junto a Lozano y otra funcionaria llamada Farides Sáenz Sierra, quien en 2016 fue mencionada en el escándalo de un supuesto cartel de fiscales en Sucre. Sáenz también testificó a favor de Lozano en el caso judicial por los documentos falsos que le habría entregado el abogado que contrató.

Por otro lado, en la Notaría 3 de Valledupar está inscrito, desde el 25 de abril de 2019, el matrimonio de la fiscal de “papel” con Pedro Norberto Castro Araujo. Él fue candidato a la alcaldía de la capital del Cesar en 2015 por el movimiento significativo de ciudadanos Energía Vallenata. Es tío del actual alcalde, el “Mello” Castro. En las elecciones pasadas al Congreso fue candidato a la Cámara por las curules de paz tras acreditar que estuvo secuestrado por el ELN en 1991.

Castro es hijo de José Guillermo Castro, conocido como el “Pepe” Castro, quien fue concejal, alcalde de Valledupar, gobernador del Cesar, representante a la Cámara por un periodo y senador por cuatro. Guillermo Castro, cuñado de Lozano, fue nombrado senador en el 2000 en reemplazo de Luis Eduardo Vives, posteriormente fue gobernador del Cesar después de que destituyeran a Rafael Bolaños. Los Castro han  tenido conexiones políticas con la familia Araujo, a la que pertenece Álvaro Araujo, condenado por parapolítica. Hay que decir que pese los cargos que ostentaron, la casa Castro terminó siendo desplazada por el hoy poderoso Clan Gnecco. 

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El cónsul y la caída

El nombre de Claudia Lozano Doria ya había sido mencionado en  una columna de opinión del periodista Daniel Coronell publicada en la Revista Semana el 3 de agosto de 2013. En el escrito puso de presente, entre otros asuntos, que Lozano, como esposa de un funcionario del servicio diplomático colombiano en Roma, estaría ejerciendo la profesión de abogada sin contar con el respectivo título profesional.

En ese momento, Coronell contaba que esa misma supuesta abogada había ejercido el cargo de directora de fiscalías en Riohacha sin haber obtenido el título profesional. Fue el Tribunal Superior de Valledupar, al estudiar la hoja de vida de Lozano, que identificó anomalías cuando el 28 de mayo de 2013 fue comisionada por 25 días para ser jueza segunda de ejecución de penas en esa ciudad. El número de la falsa tarjeta profesional usada por Lozano correspondía realmente al documento original de su amiga María Constanza Mestre, a quien suplantó, como quedó probado dentro del expediente.

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Entre sus credenciales presentadas, cuyos registros están en los documentos del caso, estaba una supuesta certificación del Consejo Superior de la Judicatura que acreditaba que ella estaba inscrita como abogada en el registro nacional de juristas y que contaba con tarjeta profesional expedida desde el 15 de mayo de 2002. 

Durante las investigaciones varios peritos de la Fiscalía también hicieron inspecciones a la oficina de control interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y encontraron el proceso disciplinario contra Pedro Norberto Castro Araujo cuando fue cónsul en Roma en 2011. Fue investigado por unas presuntas irregularidades relacionadas con los trámites ofrecidos, algunos de ellos atendidos por Lozano, a quien le había otorgado poder legal. Entre otras indagaciones hechas, los investigadores también hallaron que ella fue nombrada por seis meses por el hoy exprocurador Alejandro Ordóñez para trabajar en esa entidad para labores de vigilancia administrativa.

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Durante el proceso quedó evidenciado que la tarjeta profesional, el diploma de derecho, el acta de grado de la Universidad del Sinú, la copia del diploma de especialista en derecho penal y criminalística y otra copia del diploma del colegio eran falsos. María Constanza Mestre Palomino, amiga de la hoy condenada, le dijo a la Fiscalía que, abusando de su amistad, se habían tomado sus documentos originales para crear unas copias alteradas con el número de cédula y nombre de Lozano Doria. La destituida  fiscal luego de ser descubierta obtuvo su título oficial de abogada el 26 de septiembre de 2013 y no en 2001, como lo reportaba en cada despacho fiscal. 

Lozano, con las falsedades, indujo al error a distintos funcionarios que firmaron sus nombramientos, como se concluyó dentro de las dos sentencias condenatorias en su contra por los delitos de uso de documento falso y fraude procesal. Desde VORÁGINE contactamos a Claudia Lozano, quien en llamada telefónica prefirió no responder preguntas del caso, pues dijo que solo lo haría de forma presencial “por malas experiencias” anteriores. Ante la pregunta sobre si hay una orden de captura en su contra para cumplir condena, ella prefirió no hacer mención alguna. Ni siquiera por escrito, como se le planteó. Hoy su defensa está a la espera de una apelación en la Corte Suprema por la condena proferida el 17 de enero pasado por el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá y que fue ratificada por el Tribunal Superior de esta ciudad.

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