Fiscalía imputará cargos por corrupción en programa Buen Comienzo de Medellín

Este lunes 23 de enero la Fiscalía tenía previsto realizar una audiencia de imputación de cargos a la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo; a la exdirectora técnica del programa para la primera infancia Buen Comienzo, Lina María Gil, y al representante legal de la Corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez Montoya, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación*. Según la Fiscalía, se habrían malversado más de 1.300 millones de pesos en la ejecución de un contrato que Colombia Avanza firmó, a través de la Secretaría, para el funcionamiento del programa Buen Comienzo, cuyo objeto era atender alimentaria y educativamente a niñas y niños de los 0 a los 5 años y proveer mercados a madres gestantes y/o lactantes en la ciudad de Medellín.

Desde 2020, la veeduría Todos por Medellín, el concejal Daniel Duque y medios de comunicación como Vorágine, El Colombiano y La W venían denunciando que, tras la posesión del alcalde Daniel Quintero Calle, millonarios contratos se comenzaron a otorgar “a dedo” para pagar cuotas y favores políticos. Por ejemplo, en marzo de 2020 la alcaldía le otorgó un contrato de 20 mil millones de pesos a la Corporación Colombia Avanza, después de que su representante legal apoyó la campaña de Quintero y la entidad se encargó de los refrigerios y una de las sedes de campaña del actual mandatario.

Como lo contó Vorágine en febrero de 2021, la Corporación Colombia Avanza funciona hace más de diez años en el municipio de Bello, como una organización sin ánimo de lucro, bajo la supervisión anónima de uno de los caciques políticos de ese municipio, la concejal conservadora Gloria Montoya Castaño. Según una investigación de Alejandro Moncada para el portal Confluencia.co, esta pequeña corporación de Bello contrató con el Estado casi $70.000 millones entre 2015 y 2020. Entre las entidades que han otorgado contratos a Colombia Avanza están el Ministerio de Educación, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el ICBF, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metrosalud Medellín y docenas de hospitales de todo el país, pues la corporación puede operar en 63 municipios de Antioquia, 23 de Atlántico, 28 de Córdoba, 27 de Caldas y 12 de Quindío.

El programa Buen Comienzo fue creado en 2004 y desde entonces se ha destacado por su servicio a la comunidad a través de dos modalidades principales: el entorno familiar, que atiende nutricionalmente a niños y niñas de 0 a 5 años y a madres gestantes y/o lactantes, y la modalidad institucional, compuesta por jardines y centros infantiles para la educación y recreación de los niños. En 2019, el programa había roto el récord en cobertura en Medellín respecto de los años anteriores, con un 81,8% según el informe de la primera infancia de Medellín Cómo Vamos. 

El 5 de marzo de 2020, cuando Daniel Quintero llevaba solo un par de meses en la Alcaldía, la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz, firmó con la Corporación Colombia Avanza un contrato por 20.692 millones de pesos para las modalidades que implican la atención a los niños y las madres gestantes y/o lactantes y el suministro de paquetes alimentarios a las familias beneficiarias del programa Buen Comienzo. El 20 de abril arrancó la ejecución de la modalidad entorno familiar, un mes tarde y con solo el 32,26% de la cobertura, según el informe de abril de 2020 realizado por la interventoría. 

En octubre de 2020, Quintero nombró a Vivian Puerta como directora del programa Buen Comienzo. Ella es de Bogotá y es nuera del parapolítico Mauricio Pimiento Barrera. Y aunque solo estuvo hasta abril de 2021, antes de irse alcanzó a cambiar los lineamientos técnicos que habilitaban a los operadores para trabajar en Buen Comienzo. En enero de 2021, sin previo aviso, el programa anunció que solo los operadores inscritos en el Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) estarían habilitados para contratar con ellos desde ese momento. La cuestión, como lo explicó el diario El Colombiano, es que no le dieron la suficiente difusión a esa información ni lo hicieron con anticipación, por lo que 33 fundaciones que durante años habían trabajado para el programa en calidad de operadores y habían aportado su parte para ponerlo en el lugar de reconocimiento en el que se encontraba, quedaron por fuera.

Los delitos

El contrato con Colombia Avanza es de prestación de servicios mediante la modalidad de contratación directa, es decir que la corporación fue invitada a participar exclusivamente, sin haberse hecho una licitación pública en la que la alcaldía pudiese escoger al mejor postulante entre ofertas de distintos operadores. Este es un contrato que tiene la particularidad de tener objeto múltiple, lo que significa que atiende varios ejes: uno es la atención a los niños y a las madres y otro es el suministro de alimentos. 

Sin embargo, como lo señaló la auditoría que la Contraloría de Medellín realizó en 2020 a este contrato, según la Ley 1150 del 2007 la contratación directa sólo puede usarse para contratos específicos que requieran los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de índole operativo, logístico o asistencial. El suministro de alimentos no entra en esa categoría, por lo que debió hacerse en la modalidad de licitación pública. De ahí que uno de los delitos por los que este lunes la Fiscalía imputará cargos sea el de presunta celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Además, es un riesgo que puede generar sobrecostos pues la contratación directa con objeto múltiple dificulta el seguimiento de los costos específicos. Esto se evidenció en el hallazgo 16 de la auditoría al contrato de Colombia Avanza: “el contratista al presentar su propuesta no realiza discriminación alguna del detalle de la composición y precio de cada ítem del paquete ofertado, sino que realiza una oferta global por el valor de cada paquete alimenticio”. 

Por ejemplo, en el “Paquete alimentario niños y niñas de 6 a 12 meses” se había presupuestado un aceite de 1.000 centímetros cúbicos, pero ellos facturaron uno de 500 c.c. a la mitad de ese valor; sin embargo, los costos de logística (distribución, almacenamiento y entrega) se elevaron hasta su tope más alto. En el “Paquete alimentario para mujer gestante y lactante” y en el “Paquete alimentario niños y niñas de 1 a 2 años”, por un precio más elevado se entregó solo la mitad del producto estipulado. También se demostraron sobrecostos en el huevo, la avena y la panela, entre otros. En total, la Contraloría de Medellín calculó sobrecostos por 700 millones de pesos en ese contrato. 

Antes de esta contratación, el municipio de Medellín manejaba, para el programa Buen Comienzo, el modelo de contrato de asociación por presentación de oferta, en el cual las organizaciones sin ánimo de lucro les ofertaban bienes y servicios al programa, es decir, se asociaban con Buen Comienzo a cambio de poder cumplir con su objeto misional. En 2019, la suma de las ofertas en especie eran de 1.200 millones de pesos. Esta contratación se hacía a modo de licitación pública dividida en 4 lotes. En 2020 se cambió el modelo de contratación, dejó de ser por licitación y pasó a ser por contratación directa para quedar en manos de una sola organización sin ánimo de lucro: la Corporación Colombia Avanza. Y eso levantó sospechas.

La interventoría de abril de 2020 también reportó una anomalía en la contratación de un proveedor por parte de Colombia Avanza para ejecutar el contrato. Se trata de la Corporación Impulsando Mi País, cuya representante legal, Gladys del Socorro Piedrahita, ejercía a su vez el cargo de Coordinador Técnico Psicosocial en el contrato entre Colombia Avanza y el programa Buen Comienzo. La interventoría advirtió que “la situación que se detalla frente a la Corporación Colombia Avanza, en relación con su proveedor Corporación Impulsando Mi País, no pasa inadvertida y llama la atención, porque podría asimilarse a una especie de conflicto de intereses en contratación privada, que pueda ser considerado una puerta abierta a hechos constitutivos de corrupción”. 

La interventoría señaló que en marzo y abril de 2020 hubo varios inconvenientes con la entrega de los paquetes alimentarios, asociados a que en los cronogramas dispuestos para las entregas no se tenía en cuenta el distanciamiento y el pico y cédula, medidas de contención por la propagación del COVID-19. En las llamadas que la interventoría realizó a las familias quedaron registradas múltiples quejas, como que la entrega era muy demorada, la ubicación de la entrega les quedaba muy lejos de sus hogares y los paquetes no les llegaban completos o llegaban en mal estado. Por ejemplo, una familia afirmó que le entregaron el jabón en la misma bolsa que las galletas y que estaba roto.

Además, la auditoría de la Contraloría de Medellín, en el hallazgo 19, señaló que uno de los gastos no justificados en la ejecución del contrato era el arrendamiento y pago de servicios públicos de bodegas que le pertenecían a la Corporación Impulsando Mi País, que ni siquiera se utilizaban para guardar los paquetes alimentarios del programa Buen Comienzo.

Estas anomalías en las relaciones entre quienes ejecutan el contrato y el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, aunadas a los sobrecostos, la ausencia de oferta por parte de otras organizaciones sin ánimo de lucro y las irregularidades en la prestación del servicio sientan las bases del presunto delito de peculado por apropiación, que sumaría más de 1.300 millones de pesos.

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Los imputados y los salpicados

Una de las tres personas que serán imputadas por la Fiscalía es Henry Paulinson Gómez Montoya, exconcejal de Bello en el periodo 2008-2011, y actual representante legal de la Corporación Colombia Avanza, entidad que entre 2015 y 2020 firmó 205 contratos con el Estado por 69.573 millones de pesos, según el SECOP. El 41% de ellos en la modalidad de contratación directa. 

Gloria Montoya, la tía materna de Henry Gómez Montoya, fue concejal y alcaldesa encargada de Bello y trabajó con Olga Suárez Mira, alcaldesa de Bello entre 2004 y 2007. Olga es hermana del exsenador Óscar Suárez Mira, a quien se le comprobaron nexos con el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas en 2013 y quien estuvo prófugo hasta agosto de 2020. León Fredy Muñoz, exconcejal de Bello, denunció en 2017 la falsedad del diploma de bachiller de César Suárez Mira, el tercero de los hermanos de la familia Suárez Mira y alcalde de Bello en ese entonces, lo que produjo su destitución. Gloria Montoya salió ternada para relevar en el cargo a Suárez Mira y fue escogida como alcaldesa encargada del municipio del norte del Valle de Aburrá el 17 de febrero de 2017. El exconcejal Muñoz afirmó entonces, en el periódico El Tiempo, que “Gloria Montoya es la consentida de esa familia y ha pasado por varios puestos en el municipio”.

En entrevista con El Colombiano, el condenado excongresista Óscar Suárez Mira afirmó que Gloria Montoya solo tuvo relaciones con la familia en el periodo de alcaldía de Olga Suárez y dijo que Henry Gómez no tenía ningún tipo de relación con ellos.

La segunda imputada por la Fiscalía es Lina María Gil Zapata, quien a principios de 2020, como directora técnica de Buen Comienzo, firmó los estudios previos que avalan la idoneidad de Colombia Avanza para este contrato. Llama la atención que uno de los miembros del equipo que realizó los estudios previos es Ricardo Alfonso Marín Cifuentes, quien después de hacer esos lineamientos conceptuales y técnicos comenzó a trabajar como agente educativo en Colombia Avanza.

La tercera imputada, Alexandra Agudelo, es la actual secretaria de Educación de Medellín y no tiene vínculos con la alcaldía de Bello. Se le imputarán cargos por ser la firmante del contrato con Colombia Avanza. 

Después de las múltiples quejas por el servicio, en 2022 la Secretaría de Educación contrató a la IPS Metrosalud, en reemplazo de Colombia Avanza, como operador de la modalidad entorno familiar. Este dato resulta relevante pues en el pasado, Metrosalud y Colombia Avanza compartieron a la misma familia de intermediarios para efectuar las respectivas pólizas de sus contratos, los Hurtado Perez. quienes son, a su vez, hermanos del secretario de Hacienda de Medellín. 

Hugo Alexander Díaz, actual director del Programa Buen Comienzo, reemplazó en 2017 a Gloria Montoya en la dirección del Programa Antioquia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (MANÁ). Díaz fue secretario de la alcaldía de Bello en distintos períodos entre  2009 y 2017. 

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Las afectaciones a la población más vulnerable en Medellín

Mónica Valencia, madre comunitaria que apoya la atención a los niños de la primera infancia en el programa Buen Comienzo, afirma que la actual baja calidad del programa expone la vida de los menores de edad y la estabilidad económica de las familias beneficiarias, que ya de por sí es muy frágil. Ella cuenta que, en 2022, el programa solo arrancó entre marzo y abril y dice que “muchas mamás han perdido el empleo por tener que cuidar a los niños”, por temor de que sean abusados sexualmente o maltratados, al ser cuidados en casas ajenas. Esto, después de las denuncias realizadas el 30 de junio de 2021, según las cuales 14 niños y niñas fueron violentados sexualmente en el hogar infantil del barrio Santa Cruz, en la comuna 2, uno de los jardines del programa Buen Comienzo. 

Valencia afirma que las madres de los niños beneficiarios han visto reducidos sus mercados mensuales y, como se evidenció en las llamadas que la interventoría de 2020 realizó a las familias, las listas del contenido del mercado no concordaban con los productos que llegaban. “Muchos niños se alimentan de este programa”, lo que aumenta las tasas de desnutrición en niños de 0 a 5 años, asegura la líder social. El informe de Medellín Cómo Vamos de 2021 reveló que la desnutrición crónica en niños menores de seis años aumentó 0,4% respecto de 2020.

Tanto para las familias beneficiarias como para los organismos de control, el programa Buen Comienzo ha sufrido un desmejoramiento que inició en la alcaldía de Daniel Quintero. Intentamos contactar a Hugo Díaz, el actual director del programa, para conocer su versión sobre las presuntas irregularidades, pero nunca contestó. Por ahora, lideresas sociales como Mónica Valencia solo piden y luchan porque menos niñas y niños sigan expuestos a la desnutrición a causa de fenómenos como la corrupción. 

* Actualización: El lunes 23 de enero, a las 7 de la mañana, se suspendió la audiencia de imputación de cargos por ausencia del apoderado del señor Henry Paulison Gómez Montoya.