Una licitación para llevar energía a Manaure por 52.661 millones de pesos será adjudicada pese a una advertencia de la Procuraduría.
20 de junio de 2024
Por: Andrés Felipe Carmona, José Guarnizo / Ilustración: Angie Pik
Una licitación para llevar energía a Manaure por $52.661 millones de pesos será adjudicada pese a una advertencia de la Procuraduría.

Una licitación por 52.661 millones de pesos hecha a la medida de un único oferente será adjudicada en los próximos días por el Gobierno para llevar soluciones energéticas a Manaure, La Guajira, uno de los municipios más pobres del país. La idea es construir e implementar 268 soluciones fotovoltaicas para 1.334 usuarios de la región. Son comunidades que nunca han tenido luz eléctrica.

El proceso licitatorio fue estructurado por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (Ipse), que pertenece al Ministerio de Minas y Energía. La empresa que está a punto de obtener el millonario contrato es HG Ingeniería y Construcciones S.A.S., una firma de Cali que también fue favorecida por la misma entidad, como parte de una unión temporal, para ejecutar otro proyecto en Uribia que ha tenido dos prórrogas y dos adiciones presupuestales. La electricidad aún no ha llegado a la zona, tal como lo publicó VORÁGINE el pasado 2 de junio. 

Los requisitos habilitantes de la licitación fueron tan específicos que sólo HG Ingeniería terminó presentándose a la convocatoria. Esto, pese a que la Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia en la que ponía de presente una serie de observaciones sobre puntos que ponían en riesgo la pluralidad del proceso. El documento del ministerio público fue conocido por VORÁGINE. El Ipse, sin embargo, siguió adelante con las fases de la oferta, calificando y avalando a HG Ingeniería como empresa idónea para ejecutar el contrato.

La audiencia de adjudicación estaba programada para este jueves 20 de junio. Antes de que esto ocurriera, VORÁGINE se comunicó con la entidad para hacerles llegar una serie de cuestionamientos sobre la licitación y para intentar obtener declaraciones de parte de Danny Ramírez, director del Ipse. Pasadas unas horas, desde la oficina de comunicaciones respondieron que finalmente el acto de adjudicación iba a ser aplazado. “La licitación no va mañana, próximamente se verá reflejado en el calendario del Secop. El equipo jurídico está revisando el proceso y, una vez tengamos el informe, nos reunimos para que el director te dé la entrevista”.

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En horas de la noche del miércoles 19 de junio, es decir, a pocas horas de la audiencia, en el Secop apareció la nueva fecha: el 27 de este mismo mes es el día fijado para la adjudicación. 

El millonario proceso licitatorio con un solo proponente se da nueve meses después de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara en un trino sobre los casos en los que una sola empresa termina en carrera para ganarse un contrato: “Las licitaciones con un solo proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia. En este gobierno no se permite la corrupción”.

Para entender este caso hay que ir diez días atrás de las observaciones de la Procuraduría. La empresa Culturizar S.A.S., con sede en Villavicencio, había cuestionado por escrito al Ipse por fijar en 60 % el ítem de la licitación concerniente al capital de trabajo, uno de los requisitos que debían cumplir las empresas interesadas en el jugoso contrato.

¿De qué se trata esta variable? Se refiere al dinero disponible que tienen las compañías para llevar a cabo sus operaciones cotidianas en el desarrollo de su quehacer empresarial. Si un oferente acredita un capital de trabajo mínimo de 31.596 millones de pesos (el 60 % de 52.661 millones de pesos, lo que vale el contrato) puede ser proponente en este contrato.

Culturizar S.A.S. lo que reportó es que el Ipse fijó ese porcentaje sin una debida justificación cuando hizo el análisis del sector para sacar a convocatoria la licitación pública. “Lo del 60 % evidentemente es por arte de magia, porque en los análisis que se hacen, aunque incongruentes, por ninguna parte aparece el 60 %. Uno esperaría que el valor predominante en el macro rango de 9.291 millones de pesos serviría para establecer qué porcentaje representa sobre el valor total del proyecto: o sea 9.291 millones de pesos sobre 52.661 millones de pesos que es igual a 17.64 % aproximado”, se lee.

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Para esa compañía ese porcentaje redujo la cantidad de participantes potenciales y perjudica la transparencia y economía del proyecto porque queda limitado a un determinado número de participantes con esos valores, entre los que figuraría HG Ingeniería y Construcciones S.A.S., que cuenta con un capital de trabajo por un poco más de 37.855 millones de pesos, más de seis mil millones de pesos de pesos por encima del requisito mínimo pedido, lo que coincide con el perfil de la empresa.

La misma compañía también cuestionó que el 2 de mayo pasado el Ipse cargó al Secop, de forma extemporánea, el documento precontractual llamado ‘Análisis del Sector’ cuando 27 días atrás la entidad había publicado el borrador de pliego de condiciones. Cuentan que la irregularidad está en que el estudio del sector debió ser publicado primero que el documento de los requisitos porque con este es que los proponentes hacen las observaciones al proceso, como lo define el artículo 8 de la Ley 1150, según ellos.

El Ipse respondió a las observaciones de dicha empresa de manera insuficiente según la Procuraduría: “Se resalta que la respuesta dada de parte de la entidad no responde a fondo la observación planteada por parte del interesado, y a su vez no aclara la forma de cómo la entidad determinó de manera justificada la exigencia dispuesta de capital de trabajo mayor o igual al 60% del valor del presupuesto oficial del presente proceso”, dijo el ministerio público.

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Sobre el capital de trabajo, punto que dejó por fuera a la mayor cantidad de posibles oferentes, la Procuraduría añadió: “Ahora bien, revisado el correspondiente análisis del sector publicado por la entidad, no es suficientemente clara la forma en que la entidad determinó dicha exigencia para un proceso cuyo presupuesto oficial corresponde a $52.661.210.393,52, y donde dicha exigencia posiblemente impide una pluralidad de oferentes dentro del proceso”.

La Procuraduría también hizo observaciones sobre los estudios y diseños del proyecto reportados en el Secop y sobre el factor de experiencia solicitado en la licitación.

“Empresas que tengan eso en Colombia son muy pocas”

Un abogado experto en contratación pública, consultado para este informe, dijo que en este caso las observaciones de la Procuraduría pretendían advertir un posible direccionamiento de la licitación para favorecer a un único oferente con base en requisitos muy específicos, como el de capital de trabajo que hace parte de los cuestionamientos al Ipse por parte del ente de control. 

“Las observaciones, muy seguramente, son porque ellos consideran que el proceso de selección se elaboró, se confeccionó o habilitó para que solo se pudiera proponer un determinado oferente. Algo que quizás podrían ser indicios de corrupción. A diferencia de procesos en los que queda un único proponente cuando, por varias razones, solo se presenta uno o se presentan varios y solo uno queda habilitado. El problema ya es cuando se analizan los documentos y se entiende que el proceso fue preparado para que solo pudiera presentarse uno”, relata el abogado que trabaja actualmente en una entidad y por eso mismo no acepta ser identificado.

A pesar de los llamados de la Procuraduría, y las observaciones dentro del proceso, el Ipse siguió adelante con el proceso y avaló a HG como único oferente, como quedó consignado en la evaluación hecha a los requisitos habilitantes financieros y organizacionales. El documento fue firmado por la contadora pública Vianis Ospino Ramírez, quien hace parte del área financiera de la entidad y trabajó antes en la Cámara de Representantes, Senado, Sena y en la Armada Nacional. 

Junto al capital de trabajo también figuran otros requisitos cumplidos por HG por encima del umbral: como el patrimonio, que lo tienen en 28.742 millones de pesos (Ipse pedía 15.798 millones de pesos), índice de liquidez de 2,21 (vs. 2,0 requerido), entre otros más. 

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La empresa Culturizar S.A.S., entre sus observaciones, también cuestionó que el pliego definitivo de condiciones fijara el indicador de patrimonio para cada oferente en que fuera igual o mayor al 30 % del valor del presupuesto oficial asignado para el presente proceso de licitación, que es de 52.661 millones de pesos. “No aparece ningún ejercicio de cálculo en los Análisis del Sector (documento), de donde se concluye que el porcentaje del 30 % para el patrimonio es técnicamente infundado y producto de la creatividad humana. Esto es también vulneración al principio de transparencia”.

Una fuente que conoce el proceso licitatorio habló con VORÁGINE y dijo que el requisito del 60 % apunta a empresas como HG, que es la que “podría cumplir con esos números impresionantes y demostrar un crecimiento tan rápido dado su capital de 37 mil millones de pesos. La ironía es evidente si se compara con la licitación del año pasado del Ipse en Uribia, donde está también HG. En esa ocasión, la entidad exigía un capital de trabajo del 20 % para cuatro bloques, cada uno valorado aproximadamente en $10,500 millones de pesos (2.000 millones de capital por cada grupo). Este año, sin ningún tipo de vergüenza, el Ipse aumentó el requisito al 60 % para un solo bloque de 52.000 millones de pesos. Empresas que tengan eso en Colombia son muy pocas, eso se sale del estudio de mercado de una obra de estas. Este solo hecho es muy atractivo y llama la atención. Esto fue muy grosero”.

Hay que recordar que la empresa caleña es representada legalmente por Hernán Alberto García Mahecha, quien aparece como la persona que, en caso de ser adjudicado el contrato, ocuparía el cargo de director de proyectos por su perfil profesional como ingeniero electricista con posgrados en gerencia de construcciones; energías renovables y gerencia de proyectos, campos de estudio que hacen parte de lo exigido por la entidad en el pliego de condiciones. 

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HG Ingeniería y Construcciones lleva en el mercado de energías renovables diez años de trabajo con proyectos de todo tipo, tres de ellos fueron acreditados por esta empresa en el proceso de licitación de Manaure. Se trata de contratos que firmó y ejecutó entre 2017 y 2024 para Gensa, Energuaviare, Electrohuila y la Empresa Distribuidora del Pacífico, Dispac S.A. Todos suman más de 62.696 salarios mínimos mensuales legales vigentes y el requisito exigido por el Ipse era de 40.508 salarios mínimos mensuales.

Dispac ha sido mencionada por la Fiscalía en el escándalo de corrupción de Las Marionetas gracias a interceptaciones realizadas a involucrados en la red que lideraba el fallecido exsenador Mario Castaño, a quien señalaban en las llamadas de haber sido la persona que mandaba en Dispac, según lo investigó ampliamente en Caracol Radio el periodista Juan Pablo Barrientos.  Uno de los capturados por ese caso fue Heiner Sánchez Moreno. En una de las llamadas publicadas por Barrientos, el hombre mencionaba que Castaño era dueño de la mitad de esa empresa, refiriéndose a que era el padrino más importante. 

Otras de las empresas que hicieron observaciones durante el proceso de licitación, sobre el requisito de capital de trabajo, fue Hersic International S.A.S., una compañía de Medellín que, principalmente, fabrica motores, generadores y transformadores eléctricos. Ellos en la licitación le sugirieron al Ipse bajar del 60 % al 6 % el capital de trabajo que fijó la entidad en el pliego de condiciones. Argumentaron darle “oportunidad” a las mipymes interesadas en participar.

La entidad no accedió a la observación y explicó que el porcentaje que habían definido en los requisitos, en relación con el capital de trabajo de cada oferente, contribuye a mitigar los riesgos financieros y operativos durante la ejecución del contrato. “Esta medida garantiza que el proponente disponga de la liquidez necesaria para operar sin contratiempos y cumplir con sus compromisos financieros inmediatos”, se lee en documentos de la entidad. 

En un sentido similar se pronunció la empresa Reduca S.A.S. que está registrada actualmente en Mocoa, Putumayo, y se dedica a la generación de energía eléctrica a través de la instalación de paneles solares en esa zona del país. 

Ellos solicitaron al Ipse que el capital de trabajo fuera del 20 % y no el 60 % porque esto estaría violando el principio de libre competencia y “muestra una acción restrictiva de la entidad” hacia los oferentes, especialmente las pymes. Aquí también el Ipse reiteró que el requisito fijado permitía una liquidez necesaria para el contrato y que este pudiera ser ejecutado sin mayores contratiempos financieros. 

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HG Ingeniería y Construcciones también hizo observaciones al Ipse, pero ninguna relacionada con el capital de trabajo. El 9 de mayo pasado, sobre el cierre de presentación de observaciones al pliego de condiciones, Hernán Alberto García Mahecha, representante de la empresa, hizo sugerencias del proceso. En suma cuestionó la exigencia de presentar la autorización del órgano societario al representante legal para acreditar la capacidad jurídica, argumentando que va en contra de la Ley 1150 de 2007. 

Además, solicitó aclarar la vigencia del Registro Único de Proponentes, RUP, dentro del proceso de selección, y que se modificaran las garantías solicitadas para la ejecución del contrato a adjudicar, específicamente en el punto de responsabilidad civil extracontractual. Otros cambios tenían que ver con modificar el formulario del SECOP II para la presentación de la oferta, debido a discrepancias en los requisitos habilitantes financieros, entre otros.

“Nuestra empresa no colocó los requisitos”: director de HG Ingeniería

Luis Felipe García, director de HG Ingeniería y Construcciones, atendió el llamado de VORÁGINE frente a los cuestionamientos por un posible direccionamiento de la licitación para favorecer a la empresa de la que hace parte. Negó algún tipo de amaño en el proceso contractual por más de 52 mil millones de pesos.

“Estás entrevistando al equivocado, porque yo no coloqué los requisitos. Nuestra empresa no colocó los requisitos. Deberían entrevistar a los funcionarios del Ipse que estructuraron la licitación. Nosotros solo participamos, no te puedo decir si está acorde o no está acorde porque yo solo participé en una licitación con unos requisitos que salieron al público. Decidimos participar, cumplimos con unas cosas y con otras no”, afirmó el directivo de la empresa caleña.

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Agregó que el requisito de capital de trabajo fijado en el proceso no guarda relación con HG y que es un “requisito que encontramos en esa licitación como en cualquier otra que participamos” y citó ejemplos de procesos de contratación relacionados con vías, infraestructura y acueductos que llegan a tener un 50 % de capital de trabajo. 

“No hay ninguna relación porque nuestros indicadores son públicos: pueden consultar Cámara de Comercio, ver activos, pasivos, ingresos. Es un requisito que cuando evaluamos la posibilidad vimos que cumplíamos y decidimos participar. Uno de nuestros competidores en el mercado es Energía Integral Andina, ¿y saben cuánto tiene de capital de trabajo? 200 mil millones de pesos”, dijo Luis Felipe García.

El proceso de la interventoría también tiene reparos

Para la actual licitación que el Ipse tiene para Manaure, en La Guajira, la entidad tiene abierta otra para contratar por 3.686 millones de pesos los servicios de interventoría del contrato donde figura como único proponente HG Ingeniería y Construcciones S.A.S. Este proceso inició el pasado 30 de abril y al momento se encuentra en la etapa de presentación de observaciones al pliego de condiciones. 

En esta fase una empresa ha hecho reparos al proceso de contratación pública. Se trata de Secob S.A.S., la organización empresarial que actualmente vigila la ejecución de los cuatro contratos por $43.154 millones de pesos en 935 familias wayúu en zonas rurales de Uribia, La Guajira, proceso adjudicado a dos uniones temporales, en una de ellas está HG Ingeniería y sobre la cual VORÁGINE hizo otra investigación.

Dicha empresa ha cuestionado un requisito muy específico que tiene que ver con la experiencia general que deberá acreditar cada oferente interesado en participar en la licitación: de los tres contratos para ese fin, al menos uno debe validar experiencia en interventoría a la construcción e implementación de unidades fotovoltaicas centralizadas y el valor de su ejecución deberá ser igual o mayor al 30 % de los 3.686 millones de pesos de la licitación actual, algo así como 1.105 millones de pesos. 

También cuestionaron que se pida un capital de trabajo del 60 %, por lo que sugirieron que fuera del 30 % del valor del presupuesto asignado. Insistieron en que esto permitiría abrir la convocatoria pública a una mayor pluralidad de oferentes y así “garantizar la libre competencia, concurrencia y el principio de transparencia como garante de la imparcialidad para la selección objetiva del contratista”.

El Ipse, en el pliego, fijó además que los contratos aportados por los proponentes deberán demostrar experiencia en la interventoría a la construcción o implementación de unidades energéticas fotovoltaicas en sistemas aislados en zonas rurales y proyectos no conectados al sistema nacional de interconexión de energía eléctrica.

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Una fuente cercana al proceso contractual le contó a VORÁGINE que hay dos empresas que podrían llegar a cumplir con esos requisitos contractuales tan específicos. Se trata de N&S y Construcciones S.A.S. y Anter S.A.S., que también dejó observaciones pero sobre el equipo mínimo de trabajo en obra y la carta de acreditación que deben adjuntar en el proceso.

Estas dos empresas anteriormente ya han vigilado contratos donde ha estado HG Ingeniería y Construcciones. Uno de ellos fue firmado en 2022 entre Energuaviare y la empresa caleña por 22.839 millones de pesos para llevar energía eléctrica, a través de paneles solares, a zonas no interconectadas de Guaviare y Vaupés, esto por medio  del Consorcio Guaviare Sostenible integrado por HG, Litios S.A.S. y Genercol S.A.S., otra empresa de HG que también contrata en energías renovables. 

El contrato privado de consultoría señalado por las fuentes es el firmado entre Energuaviare y el Consorcio Inter Solar 2022, integrado por Anter S.A.S. y N&S y Construcciones S.A.S., suscrito por un valor total de 1.259 millones de pesos para vigilar la ejecución del contrato donde figuraron las empresas de HG Ingeniería. El valor de esa consultoría es cercano a los 1.105 millones de pesos que exige el Ipse justamente para acreditar experiencia en la actual licitación para el contrato de Manaure.

Si tiene más información sobre este u otros temas por favor escriba a los correos electrónicos afcarmona@voragine.co y jose.guarnizo@voragine.co

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