Irregularidades, bloqueos e intimidaciones: la crisis de la universidad del Chocó

La Universidad Tecnológica del Chocó pasa por estos días por una crisis que mantiene a la recién nombrada rectora, Vanessa Sánchez Ruiz, despachando desde otras sedes educativas en Quibdó. Su antecesor, David Emilio Mosquera, fue revocado por el Ministerio de Educación por irregularidades en su administración. La entidad mantiene bajo vigilancia al claustro. 

Además de lo anterior, el acceso al campus fue bloqueado hasta este viernes por tres personas que serían funcionarios de la misma universidad. La nueva rectora llegó a la institución el pasado 29 de julio. Desde entonces, los ánimos se han mantenido caldeados al punto en que algunos líderes han denunciado persecuciones e intimidaciones de parte de hombres encapuchados que los abordaron durante varios días cuando intentaban reabrir el plantel. En videos que circulan en redes sociales se ve a un grupo de estudiantes removiendo llantas prendidas en fuego que habían dejado a la entrada del plantel.

Ese día, la rectora, quien es administradora de empresas egresada de la misma universidad, fue sacada por los protestantes. Los manifestantes han sido señalados de ser funcionarios del centro universitario que apoyan la gestión del exrector, quien intentó volver al cargo a través de una tutela. Sin embargo, una jueza de Quibdó se la negó.

Para entender la actualidad que vive el principal centro universitario del Chocó toca hacer referencia a una resolución emitida por el Ministerio de Educación el 6 de octubre del año pasado. Ese día dicha entidad ordenó implementar unas medidas preventivas y una vigilancia especial a la institución universitaria. Mosquera, quien estuvo al frente de la institución en dos periodos desde 2018, estaba a cargo para ese momento. 

Lea también: El paro armado en el Chocó del que nadie habló

La decisión fue tomada a raíz de unas inconsistencias administrativas y financieras detectadas por el Ministerio de Educación en visitas realizadas a la universidad a comienzos de  mayo de 2023. Durante esos días, funcionarios de la Subdirección de Inspección y Vigilancia recaudaron documentos que evidenciaron  “falencias e irregularidades” en aspectos financieros y administrativos, lo que ha llevado a que la universidad no mantenga un funcionamiento normal de sus actividades. 

En su hoja de vida, Mosquera registra que es ingeniero en sistemas, magíster en Gestión de Proyectos y especialista en Docencia Universitaria. Antes de llegar a dirigir la Universidad Tecnológica del Chocó ocupó varios cargos públicos, como el de gobernador encargado en varias ocasiones, además de llegar a ser secretario de Gestión Administrativa del departamento. 

También, según lo consignado por él mismo en su currículum, ha hecho trabajos en la seccional de Quibdó de la Fiscalía y fue gerente de la Federación Agropecuaria del Río Atrato y asesor de la Cámara de Comercio de la capital chocoana, entre otros. Ha estado vinculado con la Universidad Tecnológica del Chocó desde hace 34 años como docente e investigador. Antes de llegar a la rectoría fue decano y director de programa de la Facultad de Ingenierías. 

Mosquera, junto a nueve personas más, fue imputado en abril del año pasado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros por la ejecución del proyecto denominado Maderas Chocó, que venía de la administración de Eduardo García Vega, su predecesor. 

A Mosquera lo investigaban por un contrato suscrito  entre la Universidad Tecnológica del Chocó y el Consorcio Atrato 2020 por un costo de $6.000 millones de pesos para construir la primera fase del Centro de Investigación de la Madera por. El pasado 9 de julio, en diálogo con La W, Mosquera se defendió y dijo que la obra iba en un 18% de ejecución y que continuaría en marcha una vez se superara la supervisión de la cual estaba siendo objeto.

También puede leer: La justicia se olvidó de los jóvenes asesinados del Chocó

Tras su salida de la dirección de la universidad, Mosquera ha manifestado que el Ministerio le violó el debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción y la autonomía universitaria. Además, ha cuestionado los actos administrativos que llevaron a su salida del cargo. Desde VORÁGINE contactamos a David Emilio Mosquera, pero hasta el cierre de este artículo no se había obtenido una respuesta.

Actualmente la universidad cuenta con 14.686 estudiantes matriculados en 24 programas de pregrado y 7 de posgrado. La institución tiene el campus principal en Quibdó y sedes regionales en el San Juan, Darién y Baudó, ahí mismo en el Pacífico.

Contratos sin el lleno de requisitos 

VORÁGINE  conoció documentos del Ministerio de Educación y el resultado de una auditoría de la Contraloría que comprometen la administración de Mosquera. Entre los 29 principales hallazgos de esa entidad del gobierno está la orden de servicios N° 0056 que fue aprobada el 20 de octubre del 2020. 

Se trata de un convenio firmado con la firma “Mundi Tours/ Lady” que no contó con la firma del contratista en la póliza que ampara ese servicio prestado. Además, la propuesta no fue firmada por la empresa a la que se le adjudicó ese trabajo, según el Ministerio de Educación. Funcionarios de Inspección y Vigilancia también identificaron que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP, asignado a esa orden de servicios, tampoco aparece firmado.

A lo anterior se suma, de acuerdo a lo identificado por la entidad, que no hubo una selección del contratista como parte de un listado de oferentes sino que el ganador fue el único que registró propuesta. La póliza de esa orden de servicios se constituyó el 1 de junio de 2022 cuando el contrato ya había finalizado. 

No se pierda: Una mafia devastó la selva en Chocó

En otros aspectos más generales, el Ministerio de Educación identificó que algunos contratistas certificaron ante la universidad pagos de seguridad social por el mínimo y no por los valores que les correspondía de acuerdo a lo recibido en cada contrato. Para saber el valor a pagar por la seguridad social (salud, pensión, ARL), cada trabajador independiente debía liquidar su planilla sobre el 40 % del dinero recibido. 

En el caso de la Universidad del Chocó, el Ministerio encontró que una persona recibió honorarios por $7.500.000 en agosto de 2018, con lo cual debía cotizar sobre $3.000.000 y no sobre $1.400.000, como lo reportó la institución. En otros casos se detectaron pagos a contratistas durante seis meses sin que estos reportaran aportes a la seguridad social ni tampoco entrega de informes mensuales de ejecución de trabajos. 

También se identificó que la universidad durante 2023, bajo la administración de Mosquera, no estaba cumpliendo con la implementación de una debida gestión documental de sus archivos. “Hay documentos desordenados”, se lee. Otro de los puntos que llama la atención es que hay contratos que se celebraron hace seis años y todavía figuran vigentes. 

Lea también: Arnoldo Palacios: literatura que incomoda a un país racista

En el caso de créditos condonables para estudios de posgrado los funcionarios de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación identificaron que a algunos beneficiarios se les desembolsó directamente el dinero y no a las universidades donde iban a estudiar. A uno de ellos se le pagó $140 millones para que estudiara un doctorado, pero en realidad realizó una maestría que costaba $80 millones. Hay  $60 millones de diferencia.

El informe de la Contraloría que compromete la rectoría de Mosquera

En la auditoría financiera realizada por la Contraloría a la Universidad Tecnológica del Chocó, para la vigencia de 2023, se identificaron veintidós hallazgos administrativos en la gestión de contratos durante la rectoría de Mosquera y que motivaron  la salida de su cargo por parte del Ministerio de Educación.

Uno de los hallazgos más significativos fue la falta de documentación adecuada en los estudios previos en contratación. En estos casos, no se diligenció debidamente la metodología para calcular el valor de los contratos. Se establecieron cuantías sin precisar el origen de las cifras ni se hicieron, en debida forma, los estudios de mercado que justificaron algunos contratos. Además, las condiciones técnicas de los bienes o servicios no fueron definidas adecuadamente. 

No se pierda: La campaña política que se lucra con la plata que les cobran a los migrantes en el Darién

Otro hallazgo tiene que ver con las deficiencias en la gestión documental de los contratos. En algunos casos, se excede el volumen de folios permitido; en otros, ni siquiera hay foliación. Esta falta de organización y control documental, dice la Contraloría, puede dificultar la transparencia y el seguimiento adecuado a los convenios. 

Una de las irregularidades reportadas a la Contraloría es el contrato de prestación de servicios No. 0090 de 2024. Este convenio, cuyo objeto es el mantenimiento de pozos sépticos, tanques subterráneos y elevados de agua potable, y viga canales en la universidad, está en ejecución y bajo observación. 

Aunque la etapa precontractual se encontró ajustada a la normatividad aplicable, se mantienen observaciones sobre su gestión. Asimismo, el contrato No. 0074 de 2024, celebrado con la firma Ortiz Gutiérrez & Asociados Ltda. para la prestación de servicios profesionales en la formulación y presentación del plan, también es objeto de escrutinio.

No se pierda: Las tumbas numeradas de Acandí tenían nombre

En los resultados de la auditoría financiera, se emitió una opinión contable negativa y una opinión presupuestal no razonable. Estos resultados revelaron desviaciones significativas en la contabilidad y en la ejecución presupuestal de la entidad. La administración debe atender y corregir estas desviaciones.  Se encontraron inconsistencias en la ejecución presupuestal de ingresos para el año 2023. Además, el ente de control detectó bajo nivel de ejecución del rubro de gastos en algunos de sus proyectos, esto, según la Contraloría, se debe a que los recursos ya asignados se comprometen y ejecutan de forma tardía.

Darvin Andrés Parra Martínez es líder  estudiantil  que cursa noveno semestre de derecho en la universidad y presidente del movimiento “UTCH somos todos”. En conversación con VORÁGINE criticó al grupo de tres personas que, según él, estaban impidiendo el normal funcionamiento de la universidad. 

Según el líder, estas personas “defienden una administración que tuvo muchas dificultades”, lo que llevó al Ministerio de Educación a destituir al rector anterior. Parra aseguró que estos individuos “han cerrado la universidad y han causado un atraso a los estudiantes y a sus proyectos de vida”. 

No se pierda: Indígenas de Tadó, con miedo y confinados por presión del ELN

Parra también se refirió a la relación entre los supuestos funcionarios que mantuvieron bloqueada la universidad por quince días como forma de apoyo al rector saliente. Aunque no conoce los nombres completos de las tres personas que lideraron las protestas, explicó que estos tienen “una relación con el rector saliente”, y que la defensa de la administración anterior parece estar motivada por “intereses particulares” más que por un deseo genuino de proteger la autonomía universitaria. 

El ambiente en la universidad se ha deteriorado debido a estos conflictos. Ese centro universitario estuvo cerrado debido a la presencia de grupos de encapuchados que desde el 29 de julio pasado impedían su apertura. “La universidad es crucial para combatir el desempleo y la pobreza en el Chocó”, dijo el líder estudiantil.  

Parra Martínez expresó su frustración con la situación y la necesidad de que los medios de comunicación y las autoridades tomen medidas para resolver el conflicto, garantizando así que la universidad pueda retomar completamente sus actividades normales y seguir cumpliendo su papel fundamental en la región. Vale la pena decir que la Defensoría del Pueblo mantiene una mediación entre las partes para intentar buscar una salida a la crisis de la universidad.

“Hay un halo de esperanza”: Vanessa Sánchez, rectora delegada 

En diálogo con VORÁGINE la nueva rectora Vanessa Sánchez fue prudente al hacer referencia puntual sobre su antecesor, aunque entregó detalles de la forma violenta en la que ella fue recibida el 29 de julio pasado cuando asumió  el cargo. 

“El incidente fue muy sorprendente; hubo personas heridas y actuamos rápidamente siguiendo los protocolos para garantizar que todas las personas evacuaran en condiciones de seguridad. Se atendieron a los heridos desde el departamento de talento humano y llamamos a la Defensoría del Pueblo. Inmediatamente, iniciamos una reunión con las personas que tomaron la universidad de manera violenta. Desde ese punto, comenzamos a generar un mecanismo preventivo de diálogo para buscar una resolución pacífica”, relató la rectora de la universidad. 

Dice que la persona que está liderando la protesta es Willington Gómez Palacios, quien se presenta como estudiante de especialización. Él reclama una supuesta violación a la autonomía universitaria por parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, cuenta que en mesas de trabajo algunos estudiantes reportaron que esta persona tiene un contrato con la universidad y que por ello ya el claustro adelanta una indagación disciplinaria en contra de él.

Lea también: La guerra oculta del río San Juan

Sánchez, administradora de empresas de la Universidad Tecnológica del Chocó, nació hace 38 años en Bahía Solano. Es especialista en gerencia social y magíster en gerencia y práctica del desarrollo. Su trabajo más reciente, antes de llegar a la rectoría, fue precisamente con el Ministerio de Educación, donde fue asesora asignada al despacho ministerial desde el 1 de noviembre de 2023.

Antes de eso trabajó en la Fundación Plan desde el 4 de agosto de 2011 hasta el 21 de abril de 2023, donde ocupó el cargo de subgerente de proyectos. Durante ese tiempo supervisó la ejecución de diversos contratos.

En entrevista con VORÁGINE  Sánchez explicó su visión sobre la crisis actual y las medidas que está implementando para enfrentarla. Aseguró que encontró a la institución “en una situación compleja a nivel administrativo, financiero y académica”, pero con un “halo de esperanza” entre estudiantes, personal administrativo y la comunidad en general. 

Sánchez mencionó la necesidad de “hacer un reconocimiento institucional de los diferentes equipos” para comprender mejor la visión estratégica y el proyecto educativo de la universidad. Además, dijo que está revisando el avance de las “medidas preventivas y de vigilancia especial impuestas por el Ministerio de Educación”, incluyendo la constitución de un encargo fiduciario para mejorar la administración de los recursos que la universidad ejecuta en contratación. 

En cuanto a los hallazgos del Ministerio de Educación, explicó que se han encontrado problemas de “transparencia en el manejo de los recursos”, que impactan directamente la calidad de la educación y la gestión administrativa. “Es fundamental establecer un plan de mejora integral” para abordar estos problemas, dijo, añadiendo que se está trabajando en un “documento con una etapa de autoevaluación y un plan de mejora con responsables y tiempos específicos”. 

El despido de Mosquera, por irregularidades administrativas, provocó un bloqueo del acceso al campus, encabezado por tres manifestantes. La universidad permanece bajo vigilancia del Ministerio de Educación, que sigue de cerca la situación. Desde que Sánchez asumió el cargo el 29 de julio, la tensión ha aumentado considerablemente. La situación actual subraya la urgencia de encontrar una solución que restablezca el orden y permita a la universidad  retomar sus funciones académicas esenciales.

Si tienes información de este y otros temas escríbenos al correo [email protected]